La Plataforma Forestal Valenciana ha exigido el cese "inmediato" de los responsables del incendio forestal registrado el sábado en la montaña de la localidad tras el lanzamiento de unos fuegos artificiales el pasado fin de semana.

El colectivo ha recordado en un comunicado que el sábado había una prohibición expresa por parte del Gobierno valenciano de hacer fuego en la montaña o a menos de 500 metros, lo que incluye los artefactos pirotécnicos.

Sin embargo, ha denunciado que "pese a la prohibición expresa notificada por Bomberos, el Ayuntamiento de Cullera decidió disparar un castillo de fuegos artificiales que acabó con un incendio forestal". Al respecto, ha subrayado que "quien autorizó el lanzamiento del castillo no solamente ignoró las advertencias de la Generalitat Valenciana sino que, además, pudo haber transgredido una Ley Valenciana —la Forestal— poniendo en peligro a personas, bienes y patrimonio natural".

"En muchos casos resulta difícil saber quién es el autor del incendio, pero en el caso de Cullera resulta fácil puesto que es un acto organizado por la Administración", ha manifestado la plataforma, que ha anunciado que estudia la adopción de medidas por incendios en interfase urbana-forestal como los de Cullera o Torrent.

Campaña informativa

Asimismo, la Plataforma Forestal Valenciana ha solicitado al Gobierno valenciano que adoptan todas las medidas necesarias para aclarar los hechos y que inicie, "con carácter urgente", una campaña informativa para los municipios ante el riesgo "extremo" de incendios forestales que se prevé para la campaña de 2014, especialmente en las áreas de interfase urbana forestal, es decir, donde las casas y las masas forestales están en contacto.

La Plataforma Forestal Valenciana ha advertido de que, "desgraciadamente, muchos municipios valencianos están incumpliendo la normativa autonómica" —la Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de Protección Civil y Gestión de Emergencias— que obliga a los consistorios a redactar y poner en práctica su propio plano local de emergencias.

Esta norma entró en vigor en 2010 y daba tres años a los municipios para redactar sus planes. Sin embargo, "en la actualidad muy pocos municipios tienen este plan redactado y mucho menos todavía lo tienen operativo", ha asegurado.

Al respecto, ha indicado que "no tener un plan previsto ante las emergencias supone, además de un incumplimiento de la normativa vigente, dejar en manos de la improvisación la reacción de los municipios con los riesgos que esto implica".