Siete de los 51 ayuntamientos asturianos que han revisado y han oficializado su toponimia respetan su términos en su página web, según ha informado este martes la Xunta pola Defensa de la Llingua en una nota de prensa, en la que adjuntan un informe de un estudio sobre este asunto.

Concretamente, se trataría de Cangas del Narcea, El Franco, Lena, Ribera de Arriba, Langreo, Laviana y San Martín del Rey Aurelio. Los 44 restantes no hacen utilización de sus nuevos nomenclátores en sus páginas oficiales en internet, según denuncia la organización.

La Xunta acusa estos 44 de incumplir "la legalidad toponímica". Además de felicitar a los concejos que "con naturalidad hacen lo que tienen que hacer, es decir, cumplir legalidad al usar topónimos oficiales en sus web institucionales", el colectivo denuncia a quienes, "sea por la dejadez, por la ignorancia o por la incompetencia de sus responsables, no la cumplen a su vez. Denunciamos también la connivencia en esta ilegalidad de los sucesivos gobiernos asturianos que, sabedores de esta situación, no han hecho nada en todo este tiempo para ponerle final".

Así, exige el cumplimiento estricto de la ley a todos los concejos que tienen el decreto toponímico aprobado, "no solo en los textos de su páginas web, sino en toda la documentación municipal, en la rotulación de las dependencias del Ayuntamiento, en los letreros de la red viaria, en los mapas y planos oficiales, y en cualquier ámbito que visibilice los topónimos oficiales". "Exigimos que la administración asturiana ejerza su labor de tutela, vigilancia y control del cumplimiento de la legalidad, con los mismos mecanismos que implementa para las demás normas", ha añadido.

Además, exigen también que desde la Consejería de Educación, Cultura y Deporte "se impulse el trabajo de la Junta Asesora de Toponimia y se agilice el proceso de aprobación de los 27 decretos de toponimia que quedan para completar el territorio asturiano".

Para la Xunta, la situación de la utilización de la toponimia oficial en los concejos "es inaceptable e indignante". "Ha habido tiempo abondo para adaptar las páginas web a los decretos (en algún caso, nueve años) y además muchas se han hecho después de aprobados. Es un gesto que no necesita dinero, solo la voluntad de llevarlo a cabo. Además, muchos concejos tienen servicios de normalización que ya tienen ese trabajo hecho", critica la organización, que anuncia que se dirigirá a cada uno de los alcaldes de los concejos incumplidores de la ley para pedirles que corrijan su páginas web.