El sector de monitores administrativos de centros docentes andaluces afectados tras el anuncio de la Junta de Andalucía de asumir por medio de una oferta de empleo público sus funciones ha resuelto finalmente aplazar, en un gesto de "buena voluntad", la protesta organizada para este sábado 26 de abril, una marcha a nivel andaluz que se iba a celebrar en Sevilla, de 12,00 a 15,00 horas, y en la que se había programado un recorrido desde la Puerta de Jerez hasta la Plaza de la Encarnación, con posterior concentración.

En este sentido, los monitores han reclamado que, tras los fallos judiciales que ven improcedencia en la forma de actuar de la Junta, se opte por la fórmula de la readmisión, a la que también apunta el Grupo Popular, que ha registrado en el Parlamento de Andalucía una pregunta para respuesta oral, consultada por Europa Press, en la que la diputada María Francisca Carazo insta al Ejecutivo andaluz a "readmitir" a los monitores después de que estos trabajadores pidiesen a la Junta "cumplir su palabra" y no recurrir el fallo.

Así, los afectados han decidido tomar la decisión de aplazar el acto tras conversaciones con los representantes de las federaciones de Enseñanza de los sindicatos CCOO y UGT y con la propia Consejería de Educación, Cultura y Deporte al ver que, pese a que no hay comunicación oficial aún, "todo apunta bien" respecto al cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Junta y el acatamiento de las sentencias de los Juzgados de lo Social números 1 y 2 de Córdoba, que considera improcedentes los despidos de 16 de estos trabajadores.

El sector reconoce que las sentencias de Córdoba "nos han levantado mucho el ánimo" y se muestra confiado en que la vista celebrada este martes en el Juzgado de lo Social número 2 de Cádiz, que es el juicio que más casos lleva hasta ahora representados, con 36, y que ha quedado visto para sentencia, tenga una resolución similar.

En concreto, los fallos cordobeses, consultados por Europa Press, declaran la improcedencia del despido de estos monitores, ejecutado con fecha 15 de noviembre de 2013, así como la existencia de una cesión "ilegal" de trabajadores y el derecho de los afectados a adquirir la condición de empleados indefinidos discontinuos a tiempo parcial de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, que debe ahora readmitirlos, con abono de salarios de tramitación, o indemnizarles.