El sector de monitores administrativos de centros docentes andaluces afectados tras el anuncio de la Junta de Andalucía de asumir por medio de una oferta de empleo público sus funciones ha decidido dar un "voto de confianza" a la administración autonómica, que este martes, por boca del portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, expresaba su respeto al fallo judicial de los Juzgados de lo Social números 1 y 2 de Córdoba sobre las demandas de 16 de estos trabajadores y señalaba que se pondrán en marcha las indicaciones recogidas en las mismas.

Una de las portavoces del grupo, Ana Moreno, ha reseñado a Europa Press que, no obstante, en principio se mantiene la convocatoria de una marcha convocada a nivel andaluz en Sevilla para el próximo sábado 26 de abril, de 12,00 a 15,00 horas, en la que se irá desde la Puerta de Jerez hasta la Plaza de la Encarnación, con posterior concentración.

"Por el momento no se desconvoca, aunque se va de buena fe no podemos hacernos invisibles ahora", ha agregado Moreno, que ha subrayado que confía en que la Junta cumplirá el compromiso adquirido por la presidenta, Susana Díaz, y el consejero de Educación, Luciano Alonso, de no acatar los fallos que se den en este sentido, dejando claro que los monitores "no queremos indemnización y sí ser readmitidos en nuestros puestos".

El sector reconoce que las sentencias de Córdoba "nos han levantado mucho el ánimo" y se muestra confiada en que la vista celebrada este martes en el Juzgado de lo Social número 2 de Cádiz, que es el juicio que más casos lleva hasta ahora representados, con 36, y que ha quedado visto para sentencia, tenga una resolución similar.

En concreto, los fallos cordobeses, consultados por Europa Press, declaran la improcedencia del despido de estos monitores, ejecutado con fecha 15 de noviembre de 2013, así como la existencia de una cesión "ilegal" de trabajadores y el derecho de los afectados a adquirir la condición de empleados indefinidos discontinuos a tiempo parcial de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, que debe ahora readmitirlos, con abono de salarios de tramitación, o indemnizarles.