Serrano preside la primera reunión del Caotu, que informa favorablemente sobre el Plan de Aglomeración Urbana de Jaén

Alude a la "agilización" para la seguridad jurídica de inversores y cifra en dos años el tiempo en que podrían aprobarse planes generales
La consejera andaluza de Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano
La consejera andaluza de Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano
EUROPA PRESS

La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, María Jesús Serrano, ha presidido este lunes la reunión del Consejo Andaluz de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Caotu) en Sevilla, primera que celebra este órgano de participación social, que en esta sesión ha informado favorablemente sobre el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana (Potau) de Jaén, culminando así el proceso de tramitación del mismo, previo a su aprobación por el Consejo de Gobierno; además, se ha informado favorablemente a una modificación del Plan de Ordenación del Litoral Occidental de Huelva.

En declaraciones a los periodistas, Serrano ha destacado la intención de la Consejería que dirige de impulsar la "agilización" de los trámites urbanísticos, estando dispuestos a que esa "facilitación" sirvan para que los inversores puedan contar con seguridad jurídica en aquellos proyectos que quieran acometer en los distintos municipios y territorios.

Serrano ha cifrado en un año y medio o dos años el tiempo "récord" que, como resultado de las acciones de este nuevo órgano, podría transcurrir desde el inicio de la tramitación de los planes generales urbanísticos por parte de los ayuntamientos hasta su aprobación final. No obstante, para ello "todos tenemos que ir coordinados".

La consejera ha destacado el papel que juegan las políticas urbanísticas para contribuir al crecimiento económico de los territorios y, en concreto, para impulsar la recuperación del sector de la construcción, asegurando que su departamento no va a "tolerar un urbanismo insostenible, que rebaje la calidad de nuestro territorio ni sea caldo de cultivo para prácticas corruptas".

El consejo, que se crea a raíz del decreto 36/2014 que regula el ejercicio de las competencias de la administración de la Junta de Andalucía en esta materia, sustituye a la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía (Cotua). En este sentido, Serrano ha recordado que el nuevo decreto, aprobado el pasado mes de febrero por el Consejo de Gobierno, permitirá agilizar los trámites administrativos del planeamiento urbanístico de los ayuntamientos, para favorecer la actividad económica y reforzará las competencias de los órganos resolutorios y de participación en estas materias.

Comisiones provinciales de coordinación urbanística

Esta norma establece también la creación de las Comisiones Provinciales de Coordinación Urbanística, que actuarán en sus ámbitos territoriales como cauces únicos de cooperación con los municipios en la tramitación del planeamiento e integrarán y armonizarán los informes preceptivos que los diferentes organismos de la Junta han de emitir. La revisión de la documentación y la solicitud de subsanación se realizará de forma conjunta en un máximo de diez días, mientras que el plazo máximo para remitir los dictámenes por parte de la Junta será de tres meses.

Según Serrano, con el fin de agilizar procedimientos y aumentar la participación social, el decreto faculta al Consejo Andaluz de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía para que aporte sus sugerencias y observaciones en la fase previa de la tramitación del planeamiento, y no al final. Además, las competencias de este órgano, hasta ahora circunscritas a las poblaciones de más de 75.000 habitantes, se amplían a todas las 'ciudades principales' y 'ciudades medias de primer nivel' definidas en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).

Respecto al decreto 2/2012 para regularizar viviendas ilegales, la consejera ha informado de que un tercio de los ayuntamientos han iniciado ya el procedimiento recogido en dicho decreto, de los cuales un 14 por ciento lo ha aprobado o se encuentran tramitando el documento de avance, mientras que un 21 por ciento ha declarado innecesario su delimitación. En total, son ya 271 las localidades que ha superado la primera fase y que están en condiciones de que el decreto se haga efectivo.

En opinión de la consejera, es necesario que los ayuntamientos definan qué viviendas irregulares se encuadran en los asentamientos urbanísticos, con qué hábitats rurales diseminados cuentan y cuáles son las edificaciones aisladas a declarar como 'Asimilado a Fuera de Ordenación' (AFO). Por último, ha destacado que su departamento está estudiando con "precisión" las 4.000 alegaciones que se han recibido en relación con el Plan del Corredor del Litoral.

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