El portavoz adjunto de EUPV en las Corts, Ignacio Blanco, ha anunciado este miércoles que enviarán a la Fiscalía el contrato de venta de Valmor —encargada de organizar el Gran Premio de Europa de Fórmula 1— a la empresa pública Circuito del Motor por importe de 0,99 euros, junto a una denuncia sobre esa operación de compraventa, para que investigue "posibles delitos societarios y de corrupción".

Así lo ha señalado en una rueda de prensa en la que ha dado a conocer este documento, que también publicarán en la página web www.eldesconfidencial.com dentro de su "campaña de desconfidencialización" de contratos suscritos con cláusulas de confidencialidad y que afectan a fondos públicos, como en este caso, en el que denuncia que hubo "condonación" de los 14,6 millones que Valmor adeudaba a la empresa de la Generalitat que acabó comprándola por la organización de las pruebas de 2008, 2009, 2010 y 2011.

Blanco ha criticado los compromisos adquiridos para "mantener indemnes" a Bancaja Participaciones S.L., Fernando Roig y World Wide Circuit Management —presidida por Jorge Martínez Aspar y con empresas de Vicente Cotino en su accionariado, apunta—, al considerar que suponen "una amnistía para los socios que conformaron esta empresa pantalla para el proyecto megalómano de Camps de la F1, que ha costado a los valencianos cerca de 300 millones de euros".

Precisa, no obstante, que "la ruina de la F1 hay que imputarla a Camps" pero esta operación, cuyo coste sitúa en torno a los 55 millones —entre pérdidas por al menos 23,8 millones, un préstamo participativo en 2012 de 26,8 millones y otros 3,2 por aportaciones para organizar el evento—, es responsabilidad del Gobierno actual.

A su juicio, "es el gran escándalo de la era Fabra", por lo que reclama la comparecencia de algún miembro del Consell para explicar "cómo se hizo esa operación y cuánto ha costado" y presentará una proposición no de ley para que la Sindicatura de Cuentas realice un "informe especial de fiscalización de la gestión de Circuito del Motor" y, fundamentalmente, sobre la compra de una "empresa ruinosa" como Valmor con un "blindaje absolutamente escandaloso, políticamente inadmisible y ya veremos si legalmente válido" a sus accionistas, que "prácticamente no han puesto nada más que el capital inicial".

En concreto, el contrato recoge que el comprador conoce la situación de desequilibrio patrimonial de Valmor y se compromete a buscar el reequilibrio, atender deudas y no presentar concurso de acreedores en dos años, así como a no interponer acciones de responsabilidad civil contra los administradores por incumplimiento de sus obligaciones legales, trasladar ese compromiso a futuros compradores, "mantener indemnes" a los consejeros de responsabilidad de carácter civil e indemnizarles por posibles daños y perjuicios.

Copia del "mítico contrato" tras "amenazar"

Blanco explica que accedió a este "mítico contrato", con el que cierran el círculo iniciado con la publicación del suscrito con el magnate de la F1 Bernie Ecclestone, cuando fue a verlo in situ en marzo, tres meses después de haberlo solicitado, y subraya que obtuvo copia del documento "gracias a amenazar con ir a los tribunales por vía penal" contra quien le negara ese derecho como parlamentario, ya que inicialmente le negaron copia y también el acceso de una asesora.

Remarca, en este punto, la intención de EUPV de "dinamitar" la cláusula de confidencialidad, que en este caso "afecta hasta a la propia existencia del contrato".

En su denuncia, EUPV explica cómo consideran que funcionó la operación de compraventa de Valmor y quiénes son los responsables, punto en el que alude a una certificación de acuerdos con el visto bueno de la entonces consellera de Cultura y Deporte y actual secretaria autonómica de Comunicación, Lola Johnson, en calidad de presidenta del consejo de administración de Circuito del Motor.

Consejo facultó a lobón para firmar el contrato

El consejo adoptó ese acuerdo por unanimidad en una sesión en la que estaban los entonces altos cargos Luis Lobón —a quien facultaron para firmar el contrato en los términos acordados por el Consell—, Bruno Broseta y Mateo Castellà y, con voto delegado, el ex director general de RTVV José López Jaraba, Eusebio Monzó y Rafael Ripoll.

Blanco opina que "el primero que tiene que dar explicaciones si Fiscalía abre algún tipo de diligencias será Lobón, que firmó", pero también los consejeros y los miembros del Consell, y agrega que espera que "todo el mundo tire de la manta" como "parece ser que ha hecho Lobón en el caso Nóos", donde está imputado el ex secretario autonómico de Turismo.