Una de las mujeres de la Corrala afiliada a IU-CA renuncia al realojo para "no poner en peligro los logros"

Irma Blanco, una de las líderes de las familias desalojadas de los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, al habitar sin título alguno estas viviendas propiedad de 'Ibercaja', ha renunciado al realojo promovido para estas personas por la Consejería de Fomento y Vivienda, hasta ahora en manos de Elena Cortés (IU-CA). Irma Blanco, militante declarada de IU-CA, ha tomado esta decisión "para no poner en peligro los logros conseguidos" con el realojo dada la "estrategia de agresión y descalificación" de la que dice ser víctima al trascender que cuenta con un contrato de trabajo en un taller de empleo promovido por el Ayuntamiento de Villaverde del Río, gobernado por Santiago Jiménez (IU-CA).
Acampada en la Plaza Nueva.
Acampada en la Plaza Nueva.
EUROPA PRESS

Irma Blanco, una de las líderes de las familias desalojadas de los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, al habitar sin título alguno estas viviendas propiedad de 'Ibercaja', ha renunciado al realojo promovido para estas personas por la Consejería de Fomento y Vivienda, hasta ahora en manos de Elena Cortés (IU-CA). Irma Blanco, militante declarada de IU-CA, ha tomado esta decisión "para no poner en peligro los logros conseguidos" con el realojo dada la "estrategia de agresión y descalificación" de la que dice ser víctima al trascender que cuenta con un contrato de trabajo en un taller de empleo promovido por el Ayuntamiento de Villaverde del Río, gobernado por Santiago Jiménez (IU-CA).

"La compañera Irma Blanco tiene una situación más que precaria, concretamente un contrato temporal de seis meses, que expirará en tres. Y todo esto tras más de tres años desempleada, de los cuales 19 meses no percibió ingreso alguno y sin derecho a prestaciones posteriores", alegan las familias en una entrada en su blog que recoge Europa Press. El colectivo señala que Blanco cuenta con "el mismo derecho" que el resto de este grupo de personas al sufrir también una "situación de riesgo de exclusión social", pero explica que esta afiliada a IU-CA ha resuelto renunciar al realojo "para no poner en peligro los logros conseguidos".

"Rechazamos y despreciamos los argumentos que se vienen esgrimiendo y que sirven de motivo para que ella haya tomado su decisión", señalan las familias, que como se ha informado han recibido diez viviendas protegidas de titularidad autonómica gracia a la consejería de Elena Cortes, extremo que ha motivado que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, haya retirado a dicho departamento las competencias de adjudicación de viviendas protegidas e IU-CA haya acabado suspendiendo de momento el pacto que le une al PSOE en el gobierno de la Junta de Andalucía.

La corrala utopía

Estamos hablando del colectivo de familias que habitaba sin relación contractual alguna el bloque de viviendas de nueva construcción y renta libre ubicado en los números dos, cuatro y seis de la avenida de las Juventudes Musicales, cuya propiedad ostenta 'Ibercaja' a través de la sociedad inmobiliaria 'Residencial Murillo'.

Las viviendas en cuestión fueron ocupadas en mayo de 2012 por estas familias alegando su difícil situación socioeconómica y la necesidad de contar con un techo. Las familias, en ese sentido, esgrimían que su reivindicación no era otra que contar con alquileres sociales para habitar estas viviendas a cambio de cuotas ajustadas a su situación socioeconómica, mientras 'Ibercaja' ha puesto sobre la mesa su programa de respaldo al alquiler de viviendas 'Llaves solidarias", incluido en su obra social para facilitar el acceso a la vivienda de alquiler a familias con dificultades para acceder a este mercado.

Si bien en la primavera de 2013 mediaba un principio de acuerdo entre estas familias y la propiedad del edificio para realojar en otras viviendas a las familias que acreditasen un estado de verdadera "necesidad", extremo que motivó entonces que 'Ibercaja' solicitase la suspensión de su petición de desalojo forzoso, dicho pacto no llegó a buen puerto a excepción del caso de unas ocho familias que sí se acogieron a los términos del acuerdo. Mientras ambas partes se acusaban mutuamente de incumplir los términos del pacto, la propiedad de las viviendas reactivó su petición de desalojo forzoso.

Entretanto, el Juzgado de Instrucción número tres había ido tomando declaración a todos los miembros del colectivo de familias por un presunto delito de usurpación, instando en todos los casos al desalojo voluntario de las viviendas. Finalmente, esta instancia judicial notificaba a finales de enero un auto ordenando el "desalojo forzoso" de las viviendas y en febrero reclamó ya que las fuerzas de seguridad del Estado diesen cumplimiento a dicha orden, lo que motivó que Policía Nacional consumase el pasado domingo el desalojo efectivo del bloque de viviendas.

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