El grupo parlamentario Compromís ha registrado en las Corts una proposición no de ley para reclamar el Consell que inste al Gobierno a impulsar un cambio legislativo para que se modifique la Ley Orgánica del Poder judicial, a fin de que se ampare la justicia universal.

Así, la coalición busca que se comprenda la facultad de perseguir por vía judicial y, en caso de ser declarados culpables, castigar presuntos responsables, independientemente del lugar de la comisión del delito e independientemente de cualquier vínculo de la nacionalidad o de otros criterios de jurisdicción reconocidos por el derecho internacional.

Según ha explicado en un comunicado la portavoz adjunta de Compromís, Mònica Oltra, "el Congreso, con el voto del grupo popular y a instancias del Gobierno central, ha modificado la legislación a fin de eliminar prácticamente el alcance de la jurisdicción española frente a los crímenes más graves que puedan existir, como genocidio y crímenes de lesa humanidad, lo que ha supuesto abrir un espacio de impunidad frente a las acciones que dañan la ciudadanía".

"Esta reforma del gobierno del PP ha supuesto impedir la acción judicial de nuestros tribunales pese a que el delito cometido afecte a nuestro Estado, en una clara cesión de nuestra soberanía", ha manifestado Oltra, quien ha añadido que "esto también conlleva un dejación de funciones por parte de los poderes del Estado que mirarán hacia otro lado cuando se cometa un crimen contra un conciudadano fuera de nuestro territorio".

Al respecto, ha indicado que ya se ha producido la excarcelación de ocho narcotraficantes egipcios detenidos en un pesquero sin bandera, cargado con diez toneladas de haxix y que fue interceptado por aduaneros españoles en aguas internacionales al sur de Almería.

Según la diputada de Compromís, "la relevancia de que haya países que destinan sus esfuerzos judiciales a perseguir los peores crímenes contra la humanidad reside en el hecho de que es la única manera de que se inicien tales causas cuando afectan a Estados que no se han sometido a ninguna jurisdicción internacional al no haber firmado los tratados internacionales correspondientes, precisamente para actuar con la impunidad que tratamos de evitar".

Para Oltra, "que España deje de formar parte de los 15 países del mundo que ejercen la justicia universal frente a los crímenes cometidos a escala internacional supone pasar a formar parte de los países que se someten a intereses económicos ajenos por encima de la protección judicial de la ciudadanía y los derechos humanos".

"Supone igualmente intentar que los jueces dejen de perseguir los crímenes que nadie persigue, pretendiendo una vulneración de los tratados internacionales firmados como la Convención para la Prevención y Castigo del Delito de Genocidio, y la Convención contra la Tortura y supone una cesión de nuestra soberanía en favor de la impunidad de genocidios y torturadores", ha subrayado.

"segunda división de las democracias occidentales"

Asimismo, ha añadido: "Que nosotros no formemos parte de los países que persiguen a criminales de lesa humanidad nos sitúa en la segunda división de las democracias occidentales".

Según la diputada de Compromís, "si las víctimas de torturas, genocidio o crímenes de lesa humanidad que han tenido que huir de su país no encuentran amparo judicial en el nuestro, estamos colaborando activamente a que tales crímenes sigan sucediendo, colaborando en su impunidad pasada, presente y futura".

"Las víctimas merecen sentirse amparados y que, como mínimo, al menos la persecución y condena inquiete a los culpables y los dificulte deambular por los estados con los que el nuestro tiene firmados tratados de extradición", ha resaltado.