La Unió de Periodistes Valencians, junto con la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), ha mostrado su rechazo a la norma del anteproyecto de la ley orgánica del poder judicial que permite al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "silenciar" a los medios de comunicación, al poder ordenarles que dejen de informar sobre el trabajo de un magistrado si considera que se ve "perturbado su sosiego y ecuanimidad".
En un comunicado, indica que el anteproyecto, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, faculta al CGPJ a ordenar a "quien perturbe o inquiete" a los jueces "el inmediato cese en esta conducta". "La continuación o reiteración de este comportamiento después de recibir la orden de cese será constitutiva de delito contra la Administración de Justicia previsto y penado en el apartado 1 del artículo 464 del Código Penal", señala el anteproyecto.
Este apartado dice literalmente: "Quien con violencia o intimidación intentara influir directamente o indirectamente en quien sea denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, intérprete o testigo en un procedimiento porque modifique su actuación procesal, tiene que ser castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a 20".
La Unió de Periodistes Valencians y la Asociación de la Prensa de Madrid consideran que la mencionada norma "atenta claramente contra los derechos a la libertad de expresión y a la información consagrados en la Constitución y pilares del sistema democrático".
Asimismo, subrayan que "no puede limitar el derecho constitucional a la información veraz y de interés público, sea cual sea" y que los medios y los periodistas "tienen derecho a dar a conocer al público cualquier información veraz y de interés de la que tengan conocimiento".
En esta línea, resaltan que "no se puede exigir a ningún medio que deje de publicar lo que conoce, siempre que se haya comprobado bien sus fuentes, aunque esto sea causa de que un magistrado considere perturbado su sosiego y ecuanimidad".
Ante esto, alertan que, si esta norma es aprobada y convertida en ley, "toda opinión sobre la actuación de un juez puede llegar a ser estimada por el CGPJ como un ataque a la independencia del magistrado, un ataque que puede tener consecuencias penales para los periodistas sólo por el hecho de realizar su trabajo".
A su juicio, el Gobierno parece "emperrado" en promover y aprobar leyes con normas que "limitan" los derechos a la libertad de expresión y a la información, como la Ley orgánica del Poder Judicial, la Ley de Seguridad Ciudadana o la prevista Ley de Enjuiciamiento Criminal, "olvidando que sólo a través de una información libre y veraz se garantiza la existencia de una opinión libre, condición absolutamente necesaria para el correcto funcionamiento del sistema democrático".
Comentarios
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que 20minutos.es restringirá la posibilidad de dejar comentarios