El complejo judicial de Las Salesas ha acogido este jueves una nueva concentración contra la privatización de los registros civiles en la que, según CC.OO, han participado "más de 70 trabajadores" de la Administración de Justicia.

En esta movilización, en la que, además de CC.OO en la movilización han participado los sindicatos UGT, STAJ y CSIF, han protestado contra el proyecto del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de, según han dicho, "extraer" los registros civiles de la Administración de Justicia, "obligando" a los ciudadanos a pagar por un servicio que, hasta ahora, "era gratuito" pues los usuarios ya lo han sufragado con sus impuestos.

En un comunicado, el coordinador de Justicia de CC.OO de Cantabria, Borja Bats, ha opinado que "no es de recibo" que por un "capricho" del Ruiz Gallardón los usuarios de los registros civiles tengan que "pagar dos veces" por un servicio que ya han sufragado con sus impuestos anteriormente y que los funcionarios de la Administración de Justicia prestan gratuitamente en la actualidad.

Bats "no entiende" por qué se grava a los ciudadanos con el coste de la tramitación de matrimonios o divorcios en las notarías, actuaciones que ahora se ejecutan en los registros civiles y en los órganos judiciales.

Por otro lado, el delegado de CC.OO ha acusado a la consejera de Presidencia y Justicia de Cantabria, Leticia Díaz, de "faltar a la verdad" en declaraciones en algunos medios de comunicación sobre la manera en que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial puede afectar a la organización judicial en Cantabria al negar la concentración de los órganos judiciales en Santander y aseguirar que la organización seguirá como hasta ahora.

En este sentido, CC.OO ve "más que posible" esta concentración de órganos judiciales y cree que la consejera "pretende darle la vuelta a la tortilla" y "hacer creer que será regla" en Cantabria lo que en el proyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado en Consejo de Ministros se presenta como excepcionalidad".

El sindicato señala que el artículo 84 "expresa claramente" que las circunstancias excepcionales que permitirán el mantenimiento de sedes judiciales fuera de la capital de la provincia se valorarán en su conjunto.

De hecho, ha explicado que, si la valoración no fuera conjunta, "todas" las provincias de España estarían afectadas por alguna de las circunstancias excepcionales.

En cualquier caso, CC.OO considera que, "independientemente" de las conversaciones que la consejera haya mantenido con Ruiz Gallardón, el anteproyecto, en su estado actual, "deja la vía abierta para barrer la organización judicial en Cantabria fuera de su capital".

Además, ha opinado que el ministro también ha faltado a la verdad en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se aprobó el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial cuando manifestó que los juzgados de paz permanecerían como puntos del acceso al registro civil.

El sindicato apunta que la disposición transitoria decimosegunda del anteproyecto que acababan de aprobar "deja claro" que desaparecerán los juzgados de paz en cuanto entre en vigor la ley, disposición final sexta.