Los órganos judiciales de Andalucía registraron en 2013 un total de 1.856.887 asuntos, un número muy similar al del año anterior, aunque con una ligera bajada del tres por ciento, en la línea habitual desde 2007, y, por otra parte, aunque se mantienen los altos niveles de pendencia, en un total de 548.606 asuntos por resolver, el índice experimenta un descenso del 7 por ciento, según los datos de la Memoria anual de actividades y funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de 2013.

En la presentación, el presidente del Alto Tribunal andaluz, Lorenzo del Río, ha considerado que se mantiene una tasa de ingresos "demasiado elevada", que impide, "con los actuales recursos y déficit organizativo", dar una respuesta "de calidad y en tiempo razonable". Andalucía sigue con un porcentaje en torno al 20 por ciento de la litigiosidad nacional, con una tasa de 220 asuntos ingresados por cada 1.000 habitantes, "por lo que, mucho nos tememos, que seguirá siendo, un año más, la más alta de España".

Por órdenes jurisdiccionales, las cifras tienen sin embargo "distinta lectura e intensidad", ya que todas registran descensos, especialmente en el ámbito civil y el contencioso, y sobre todo en la segunda instancia.

De entre todas, destaca la jurisdicción civil con un 7 por ciento menos de volumen general de ingreso de asuntos, aunque también el resto experimentan descensos; la social del 5 por ciento (aunque el porcentaje se eleva en la segunda instancia, de forma que en la Sala de lo Social existe un descenso medio global del 8 por ciento); y la contencioso administrativa un 3 por ciento menos (aunque la incidencia es mucho más relevante en la segunda instancia, de forma que en la Sala de lo Contencioso Administrativo existió en 2013 un descenso medio global del 13 por ciento).

En las audiencias provinciales existió un descenso medio global del 20 por ciento, que oscila significativamente por provincias del 19 al 29 por ciento, y en la jurisdicción penal experimentó también una bajada del 2 por ciento con respecto a 2012.

Los procedimientos penales supusieron el pasado año el 78 por ciento del total de asuntos registrados, en línea y proporción de años precedentes, evidenciando que la reforma de esta jurisdicción "sigue siendo una de las mayores responsabilidades y asignaturas pendientes del legislador". En el otro extremo, se sitúa el porcentaje relativo a la jurisdicción social (un 4 por ciento) y contencioso administrativa (un 2 por ciento), mientras que la jurisdicción civil supone un 16 por ciento del total de asuntos ingresados.

En los descensos del número de asuntos, según ha indicado el presidente del Alto Tribunal andaluz, ha repercutido fundamentalmente la ley de tasas, aunque también han tenido incidencia otros dos factores: la no recurribilidad de procedimientos civiles de cuantía inferior a 3.000 euros, así como la obligada imposición de costas en el orden contencioso administrativo, que ya significó en el año 2012 un descenso del 25 por ciento.

Prácticas "legales" para esquivar el pago de tasas

Según ha indicado, se han detectado prácticas procesales, "dentro de la legalidad" para "esquivar" los pagos de las tasas. Por ejemplo, en el ámbito contencioso administrativo, la fórmula más clara es recurrir contra el silencio o la inactividad de la Administración, en cuyo caso no hay obligación de pagar la tasa. En el ámbito civil se acude a la acumulación de acciones o procesos, o a pleitos de cuantía indeterminada; y el hecho de que en la jurisdicción penal no haya tasas judiciales "puede estar provocando un incremento de asuntos en esta vía", aunque finalmente se archiven y haya que acudir a la jurisdicción competente.

Otra fórmula utilizada es la de acudir, previa y directamente, a la petición de justicia gratuita, que exonera del pago inicial de tasas, con lo que se ha producido un "efecto rebote", que puede provocar que se desborde el turno de oficio, ya que las peticiones se han multiplicado significativamente en el último año, tras la entrada en vigor del nuevo texto normativo.

El "dato positivo" es que los órganos judiciales andaluces se sitúan en un nivel de productividad "bueno", ya que se han resuelto en todos los órdenes jurisdiccionales (excepto en el orden social) más asuntos de los ingresados, por lo que la pendencia a final de año ha disminuido un 7 por ciento, lo cual se puede interpretar como "una mejora en la situación del conjunto de las jurisdicciones".

El problema sigue siendo la tasa de congestión, que indica la carga total de trabajo (asuntos registrados más pendientes), superior a los asuntos que se resuelven, lo que significa realmente que la valoración final "no puede ser satisfactoria por la dificultad de rebajar el volumen de asuntos pendientes con la actual planta judicial".

Según ha considerado Del Río, durante el año 2013 se reproducen "idénticos problemas de años anteriores", sin detectar avances "ni cambios significativos en materia de administración de justicia", por lo que "seguimos sin garantizar la función constitucional de la justicia".

Así, valorando el alto porcentaje de litigiosidad, número de jueces relativamente reducido, razonable número de funcionarios, elevada dispersión organizativa-territorial, el presidente del TSJA ha vuelto a advertir, como ya ha hecho en años anteriores, de "la evidente debilidad" de la justicia, "incapaz de conseguir la eficiencia y calidad esperada". "No ha comenzado la radical transformación de la justicia andaluza ni resuelto, mínimamente, las demandas exteriorizadas en las Memorias precedentes, que mantienen plena vigencia y actualidad", ha sostenido.

Una de las disfunciones "más graves" de las recogidas por el TSJA en su Memoria anual es el porcentaje de suspensiones de juicios y vistas, que supuso el pasado año de un 25 por ciento, oscilando entre el 20 por ciento de la jurisdicción penal y el 39 por ciento de la jurisdicción social.

Esto constituye "un obstáculo para la buena marcha del Juzgado y prolonga en exceso el tiempo de finalización del proceso", y pone de manifiesto "la necesidad de llevar a cabo cambios estructurales en la organización de las oficinas judiciales y de intensificar el control de los posibles defectos procesales en las fases del procedimiento previas al juicio o vista".