El Parlament ha rechazado este martes, en el último punto de la sesión plenaria, con los 33 votos del grupo parlamentario 'popular' en contra y 25 votos de los grupos de la oposición (PSIB y MÉS) a favor, la toma en consideración de la Proposición de Ley del PSIB para la modificación de la Ley del Consell Consultiu.

Así, esta propuesta del PSIB para la modificación de la Ley del Consell Consultiu pretendía que no sólo el presidente del Govern o de los consells insulars, sino también "los grupos parlamentarios en minoría" pudiesen solicitar dictámenes al Consell Consultiu, el "órgano superior de consulta" de Baleares.

Según ha lamentado la diputada del PSIB, Lourdes Aguiló, en la actualidad "más del 40 por ciento" de la Cámara autonómica no puede solicitar un dictamen, hecho que si cambiase, ha añadido, supondría contribuir en la "legalidad, la seguridad jurídica y, en definitiva, para reforzar la democracia".

Asimismo, Aguiló ha dicho que aunque el voto de los 'populares' sea en contra, el PSIB volverá a llevar esta iniciativa en la legislatura que viene cuando "el PP sea un grupo minoritario" y se aprobará. "Les daremos el derecho que ahora ustedes nos niegan", ha aseverado.

Por su parte, el diputado de MÉS Nel Martí ha señalado que su formación apoya la toma en consideración de esta Proposición de Ley presentada por el PSIB, aunque ha señalado que lo idóneo "sería crear un organismo equivalente al Consell de Garantías Estatutarias de Cataluña".

MÉS:

"un decreto ley cada cuatro sesiones del parlament"

De todas maneras, ha dicho que la reforma de la Ley del Consell Consultiu es "imprescindible y urgente" debido al "abuso" que hace el Govern de la figura del Decreto Ley. "Han aprobado 26 en esta legislatura, uno cada cuatro sesiones del Parlament", ha añadido el parlamentario econacionalista.

El diputado del PP Fernando Rubio ha argumentado que su grupo ha votado en contra de la toma en consideración de esta iniciativa porque pretende que todos los grupos, "aunque estén formados por una o dos personas" puedan solicitar un informe al Consell Consultiu y "paralicen" la tramitación legislativa.