La Asociación para la Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa) ha reclamado este jueves al alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP), que eleve al pleno del Ayuntamiento el auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que confirma la nulidad de diversos artículos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), sobre cuatro sectores del Conjunto Histórico. La organización, además, avisa de medidas en el caso de no mediar el "acatamiento" del auto con la reformulación del conjunto de planes especiales de protección del conjunto histórico merced a la Ley 1985 de Patrimonio Histórico de España.

La sentencia del Tribunal Supremo, en concreto, ratificaba la sentencia dictada en 2009 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anulando la aplicación total o parcial de 12 artículos del PGOU de 2006 en cuatro sectores del Conjunto Histórico Artístico de Sevilla. Hablamos, en concreto, de los sectores Santa Catalina-Santiago (4), Catedral (7), Encarnación-Magdalena (8) y La Calzada-Fábrica de Artillería (19), respondiendo todo ello a un recurso promovido por la vía Contencioso Administrativa por Adepa contra el citado planeamiento urbano.

Según zanjaba el Tribunal Supremo, la ordenación prevista en el plan general de ordenación urbana para los mencionados sectores del Conjunto Histórico Artístico de Sevilla "no es compatible con el régimen especial de protección establecido en la Ley de Patrimonio Histórico Español". Alude la sentencia, en concreto, a las "obras de reconstrucción y ampliación, elevaciones de altura o alteraciones de edificabilidad" admitidas por el PGOU para estos sectores "contraviniendo" los artículos 20 y 21 de la Ley de Patrimonio Histórico Español, que debe prevalecer según recordaba el Supremo.

A cuenta de la mencionada sentencia de 2009, ratificada en 2013 por el Tribunal Supremo, el Ayuntamiento emprendió la elaboración de planes especiales de protección para los citados sectores del casco histórico. En 2011, de hecho, la Junta cedió al Ayuntamiento las competencias relativas a la autorización de obras y actuaciones en los ámbitos del Conjunto Histórico Artístico correspondientes a los sectores La Calzada-Fábrica de Artillería y Santa Catalina-Santiago, al contar cada uno de ellos con sus respectivos planes especiales de protección plenamente validados. Meses antes, el mismo procedimiento había sido formalizado respecto al subsector 8.1 del Conjunto Histórico, bautizado como Encarnación.

Incidente de ejecución

Adepa, en ese sentido, avisaba de que los planes especiales de protección elaborados por el Ayuntamiento de Sevilla después del fallo inicial de 2009 "siguen la misma línea" que al articulado del PGOU anulado ya definitivamente, con lo que la organización conservacionista defiende que el fallo del Supremo implica la nulidad de dichos instrumentos de planeamiento. En ese sentido, Adepa había solicitado al TSJA la "ejecución forzosa" de la sentencia a cuenta del "incumplimiento reiterado" del fallo del Tribunal Supremo, reclamando la declaración de nulidad y supresión de gran parte del articulado de los planes especiales elaborados para los sectores del Conjunto Histórico Artístico Santa Catalina-Santiago y La Calzada-Fábrica de Artillería, y los subsectores Encarnación y El Duque-El Salvador, todos ellos aprobados definitivamente por el Ayuntamiento hispalense.

Adepa, igualmente, solicitaba que el Ayuntamiento fuese requerido al objeto de que paralizase "las obras llevadas a cabo al amparo de las licencias otorgadas en base al articulado anulado", así como "la reposición a un estado compatible" con la Ley 1985 de Patrimonio Histórico de España en el caso de las "obras realizadas".

El alto tribunal andaluz, no obstante, ha estimado parcialmente la petición de Adepa y, merced a su incidente de ejecución, ha emitido un auto fechado el 17 de marzo y recogido por Europa Press que declara nulos diversos artículos de los planes especiales de protección del sector Santa Catalina-Santiago y de los subsectores Encarnación y El Duque-El Salvador, sin admitir las peticiones relativas a las licencias de obra y las obras ya ejecutadas.

Ya este jueves, el portavoz de Adepa, Joaquín Egea, ha celebrado una rueda de prensa junto a las abogadas del colectivo, para reclamar al Ayuntamiento hispalense que eleve al pleno de la institución el mencionado auto con su correspondiente "acatamiento", anunciando un "recurso de revisión de oficio" en el caso de los planes especiales de protección de los subsectores Magdalena y San Andrés San Martín, al mediar ya su aprobación definitiva pero "reproducir el articulado anulado". En la misma línea, han reclamado que el plan especial de protección correspondiente al sector Catedral no sea aprobado definitivamente en el pleno ordinario de este mes de abril y sea reformulado merced a los pronunciamientos judiciales, pues la aprobación definitiva de este documento constituiría "una flagrante desobediencia" a la Justicia a cuenta del contenido del reciente auto.

El aviso de adepa

En ese sentido, Egea y las abogadas de Adepa han advertido de que la organización adoptará medidas "por la vía penal" a cuenta de posibles delitos de "desobediencia" o "prevaricación" en el caso de que el Ayuntamiento haga caso "omiso" de este auto y no responda a la petición de Adepa en cuanto a la reformulación de los planes especiales de protección conforme a la Ley 1985 de Patrimonio Histórico de España. En paralelo, Joaquín Egea ha advertido de que si aproximadamente en junio no media el acatamiento tangible de este auto o la "voluntad de cambio", "todas las obras anteriores legalizadas por esta normativa (en referencia al articulado anulado) irán a los tribunales para su derribo". "Vamos a por todas en el tema de las Setas y en otros temas más", ha dicho rotundamente respecto al rupturista complejo urbanístico Metropol Parasol, que alza sus gigantescos parasoles fungiformes en plena plaza de la Encarnación, en el corazón de la trama urbana e histórica del norte del casco antiguo de Sevilla.

Por último, Joaquín Egea ha reclamado la dimisión de "todos los miembros" de las comisiones provincial y local de patrimonio histórico por "amparar" el articulado anulado, reclamando en paralelo la dimisión o cese del delegado territorial de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, Francisco Díaz Morillo, y el concejal de Urbanismo, Maximiliano Vílchez.