La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, ha garantizado que el Gobierno central (responsable de la zona de dominio público marítimo-terrestre) eliminará las edificaciones ilegales detectadas en las playas de la región, que a día de hoy ocupan 60 hectáreas. Coves recrimina al PP que el anterior Ejecutivo popular «consintiera» estas construcciones, en respuesta a una pregunta de la diputada del PP por Granada, Carolina González Vigo. La parlamentaria acusa a la Junta de Andalucía de haber «participado directamente» en las edificaciones ilegales al emitir Medio Ambiente informes favorables y cita como ejemplo los casos detectados en los pueblos gaditanos de Tarifa, Chiclana, Vejer de la Frontera o Carboneras (Almería), un extremo que niega Coves.