El abogado Manuel Maza, que ejerce la defensa del sargento del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA) de la Guardia Civil destinado en 2003 en Melilla, ha expuesto en su escrito, al que se ha dado lectura en la primera sesión del juicio que se prolongará durante toda esta semana en la Audiencia Provincial de Murcia, que se urdió una trama contra él porque descubrió una serie de irregularidades en la Comandancia de dicha ciudad autónoma, de las que dio fe a Asuntos Internos y en la que, según él, estaba implicado su teniente, además de otros mandos de dicho Cuerpo y jueces.

El juicio ha arrancado este lunes pasada la una del mediodía, una vez se ha constituido el Jurado Popular, con la lectura del escrito de conclusiones provisionales del fiscal y de la defensa de Maza, quedando para este martes la declaración del acusado, J.A.C., para el que el fiscal pide cinco años de prisión por cohecho, al facilitar información sobre una operación antidroga declarada secreta a dos narcotraficantes, a quienes propuso sacarlos del lugar a cambio de 120.000 euros.

La fiscal antidroga ha retirado los cargos por el delito de descubrimiento y revelación de secretos, ya que fue juzgado por un tribunal militar. Además de la pena de cinco años, reclama una multa de 42.000 euros con arresto sustitutorio en caso de impago de cinco meses, inhabilitación para empleo y cargo público por nueve años.

Los hechos ocurrieron en septiembre de 2003, cuando la Guardia Civil y la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Melilla y Almería iniciaron investigaciones en torno a una organización que pretendía introducir hachís en cargas legales desde Marruecos a España.

La denominada operación 'Palmera' permitió interceptar, gracias a la intervención telefónica de las dos personas que igualmente se sientan en el banquillo de los acusados esta semana, A.M.M. y J.L.G.V., junto con la empresa Fátima Murcia S.L., perteneciente al primero de ellos, un camión cargado con 9,1 kilos de hachís en el puerto de Almería.

La fiscal sostiene que el sargento de la Benemérita, jefe del grupo de Policía Judicial Antidroga de la Comandancia de Melilla, atravesaba por esas fechas dificultades económicas y aprovechándose de su condición fue sacando documentos de dicha operación.

Sin embargo, el abogado defensor ha dejado claro que su cliente no pasaba en aquellos momentos por dificultades económicas teniendo en cuenta que su salario ascendía aproximadamente a 2.700 euros netos, además de las dietas, con el añadido de vivir en el acuartelamiento de Melilla.

"emisión de informes falsos"

Por ello, sostiene que toda la operación 'Palmera' "se inició de un modo extraño, con emisión de informes falsos y alteración de datos fundamentales", entre otras cosas, ordenado todo ello por el teniente de la Benemérita, con el que, según Maza, la relación en un primer momento era buena, hasta el punto de que le prestaba su vehículo particular al acusado e incluso lo había propuesto para numerosas felicitaciones que recibió, además de la Cruz al Mérito con Distintivo Blanco por sus actuaciones.

Sin embargo, ha destacado que cuando el sargento descubrió presuntas irregularidades en la operación 'Palmera', ordenadas por el teniente, "obró en cumplimiento de su deber legal" y lo puso en conocimiento de Asuntos Internos, la relación cambió y se volvió "hostil".

En su escrito advierte de la existencia de una grabación que realizó el sargento a un 'narco' al que localizó y que, según consta en la misma, le reveló que todo el asunto era "gordo", en el que estaba implicado el teniente, demás mandos policiales e incluso jueces.

Una vez que esto llegó a oídas del teniente, "presionó al 'narco' y grabó una nueva conversación obligándolo a desdecirse y presentándolo todo como un invento" de su subalterno. Igualmente, mantuvo un encuentro con el sargento, al que también presionó para que no informara a Asuntos Internos, aunque éste dejó claro que "le entregaría la cinta".

Según el abogado defensor, el teniente llegó a pagar a uno de los 'narcos' acusados para que imputara al sargento de estos hechos, algo que, según Maza, queda probado por el hecho de que cuando estuvo preso "disfruto de demasiados permisos sin explicación alguna y salió de la cárcel mucho antes" de lo que se esperaba.

De todo ello, Maza ha mostrado su inconformidad con el escrito de la fiscal, que asegura que en fechas próximas a la interceptación del camión cargado de hachís en Almería, el acusado contactó con uno de los 'narcos' A.M.M. para concertar una cita en la que le explicó que estaban siendo investigados por la Guardia Civil y que él podía sacarlos del lío a cambio de 120.000 euros.

Para acreditarlo, enseñó un dossier con el emblema de la Guardia Civil, documentación de la operación y su placa. Ante lo que los investigados accedieron al pago, pactándose el pago en entregas periódicas.

A partir de entonces, el sargento comenzó a recibir cada vez que venía a Murcia unos 3.000 euros, encontrándose con A.M.M. en zonas como el barrio del Carmen, zona antigua del Cuartel de Artillería o la Fuensanta hasta el momento en el que no pudiendo hacer pagos periódicos, el investigado pidió al sargento una cuenta en la que hacer los ingresos, efectuándose tres ingresos de 3.000 euros. En total, J.A.C. recibió 21.000 euros.

Finalmente, los dos investigados, A.M.M y J.L.G.V. fueron detenidos en noviembre de 2004 en el seno de la 'Operación Palmera' y contra ellos se decretó prisión provisional, situación en la que ambos permanecieron hasta febrero de 2005 el primero y algo antes el segundo.

Ambos fueron acusados por tráfico de drogas y condenados por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería a la pena de dos años de prisión y dos multas de 5 millones de euros, con arresto sustitutorio de dos meses en caso de impago.

Con independencia de esto, el guardia civil acusado mantenía una tensa relación con sus mandos en Melilla y desde enero de 2004 se le impidió el acceso a la documentación sobre la operación y se le abrió expediente disciplinario, siendo cesado en el destino de Melilla en agosto de ese año.

El acusado presentó entonces una querella criminal contra el teniente y otros 13 miembros de la Guardia Civil de Melilla y Almería por presuntos delitos de cohecho, tráfico de drogas, falsedad documental, prevarización y omisión de perseguir determinados delitos, entre otros ante la Audiencia Nacional, pero se ordenó el archivo de las actuaciones. También denunció un robo de hachís de un almacén de La Hoya, que también imputó a la guardia civil, que el Juzgado de Instrucción 3 de Lorca archivó.

Para A.M.M pide la pena de dos años de prisión también por cohecho y multa de 18.000 euros, con arresto sustitutorio en caso de impago de tres meses e inhabilitación para empleo y cargo público por cinco años.

Mientras que para J.L.G.V., la fiscal solicita la pena de un año y nueve meses de prisión, una multa de 2.500 euros con arresto sustitutorio en caso de impago de 20 días, así como inhabilitación para empleo y cargo público por cuatro años.