El PP ha registrado en el Congreso una proposición no de ley instando al Gobierno a que tome las medidas necesarias para garantizar que todas las comunidades autónomas cuentan con un órgano administrativo independiente que se encargue de resolver los recursos relativos a la contratación pública, tal y como exige la normativa comunitaria.

En la iniciativa, que recoge Europa Press y que será debatida en la Comisión parlamentaria de Hacienda, los 'populares' recuerdan que el Ejecutivo comunitario y la Eurocámara aprobaron en diciembre de 2007 una directiva que recogía un sistema de revisión de los contratos públicos de suministros y obras, que no tenía equivalente en la legislación nacional, que preveía únicamente el recurso a la Ley de Procedimiento Administrativo.

Una situación "claramente insuficiente" para el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que en mayo de 2003 condenó a España por "incumplir de forma deliberada" la directiva. Por eso, en 2007 se reguló en la Ley de Contratos del Sector Público mecanismos específicos de revisión de la contratación pública y, en agosto de 2010, se decidió crear un órganos administrativo independiente competente para resolver los recursos especiales en esta materia.

En todas las administraciones

En concreto, el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público establece la creación del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda, para dictar resoluciones de carácter estatal.

En el caso de las comunidades autónomas, las asambleas legislativas regionales, los Tribunales de Cuentas autonómicos y el Defensor del Pueblo la competencia deberá ser establecida por sus normas respectivas, si bien el texto legal obliga a "crear un órgano independiente".

Sin embargo, "en la actualidad siguen existiendo comunidades autónomas que no poseen órgano independiente que resuelva los recursos de revisión, y que tampoco han firmado convenios sobre atribución de competencias al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales", denuncia el PP, sin explicitar cuáles son las regiones incumplidoras.

Por eso, insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para que todas las comunidades autónomas cumplan con la directiva y la normativa nacional sobre resolución de recursos contra contratos públicos, y que garanticen la existencia de un órgano administrativo independiente competente bien mediante su creación "sin que suponga gasto presupuestario adicional" o bien firmando un convenio con el Tribunal central.