La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, ha abogado por debatir en la futura reforma del modelo de financiación autonómica la necesidad de ampliar la participación de las comunidades en la actividad de la Agencia Estatal de Administración Tributaria como órgano encargado de gestión de los impuestos estatales compartidos y también en los procesos de su reforma, un asunto que ya se pidió en la reforma del anterior modelo.

Del Olmo ha evidenciado al respecto la "dificultad" de la Comunidad en la obtención de información del citado organismo por parte de las autonomías, un hecho, no obstante, que, según ha aclarado, no es nuevo ya que "las negativas en ese sentido se han reiterado a lo largo de los años y con gobiernos de distinto signo político".

Tras insistir en que se trata en cualquier caso de "una disfuncionalidad más" en el ejercicio de la corresponsabilidad fiscal que han de ejercer las comunidades, la titular de la cartera de Hacienda en el Gobierno de Castilla y León ha reiterado una vez más la necesidad de ampliar la participación de las autonomías en el órgano tributario estatal.

De este modo se ha pronunciado Del Olmo en su comparecencia en la Comisión de Hacienda de las Cortes, a petición del Grupo Socialista, sobre el impacto de la 'amnistía fiscal' concedida por el Gobierno y sobre la que, según ha admitido la propia consejera, no se conocen datos oficiales del rendimiento final obtenido por las comunidades por esa medida "excepcional en un contexto excepcional", "muy controvertida" y "nada cómoda" que, según ha recordado, se ha hecho en un "buen número" de países de la UE.

"No hemos conseguido que nos den ni cuántos ni cuánto y no sólo me lo han hecho a mí", ha aclarado en su turno de dúplica Del Olmo, quien ha garantizado que la Junta ha reclamado estas cifras "por activa, por pasiva y por perifrásica" y tanto en público como en privado. "Seguiremos insistiendo por otras vías, las que se pueda", se ha comprometido y, ante las descalificaciones recibidas desde la bancada socialista, ha considerado que los consejeros de otras comunidades también serán "inútiles y patéticos" como ella.

"Me parece totalmente injusto -no conocer los datos—", ha admitido la consejera, quien, en su condición profesional de inspectora, ha cargado también contra la existencia de los paraísos fiscales, que son los que, a su juicio, favorecen el fraude, por lo que ha pedido un acuerdo "al más alto nivel" en Europa con sanciones para los estados que permiten ese sistema incluso con secretos bancarios.

"ni media información"

"Ni he mentido ni me puedo inventar los datos", ha aseverado la consejera, quien se ha responsabilizado en todo momento de los impuestos que gestiona la Junta, no de los gestionados por la Administración central, a lo que ha sumado la "poca transparencia" también de anteriores amnistías fiscales del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de las que la Comunidad no recibió tampoco "ni media información".

"La única información que conoce la Consejería son los datos hechos públicos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones al concluir el periodo de regularización", ha matizado Del Olmo, que se ha referido en concreto a las 31.529 declaraciones presentadas, de lasque 30.871 se corresponden a personas físicas y 658 a personas jurídicas, 1.192 millones ingresados y 40.000 millones aflorados "que ensanchan las bases tributarias e incrementarán la recaudación a partir de ahora".

En cuanto a la percepción por la Comunidad del rendimiento correspondiente al IRPF cedido, Del Olmo ha considerado que "habrá de esperar" a la liquidación definitiva del sistema de financiación del ejercicio de 2012 que se producirá en los próximos meses.

La consejera ha aprovechado la ocasión no obstante para aclarar que no se sustentan ni política ni técnicamente algunos cálculos que denuncian pérdidas millonarias para la Hacienda de la Comunidad derivadas de este proceso "fundamentalmente porque muchas de las rentas regularizadas continuarán siendo opacas para la Hacienda pública, a pesar de los esfuerzos de la AEAT en su lucha contra el fraude".

Por otro lado, ha significado los resultados de los planes de prevención y lucha contra el fraude puestos en marcha tanto en España como en Castilla y León, donde se ha producido un incremento "muy importante" del esfuerzo inspector entre 2009 y 2013 al pasar de un acta por cada 1,24 millones de recaudación en el primer año citado a uno por cada 0,81 millones en el último.

Pilar del Olmo ha reclamado a los grupos poder estar "a la altura" de la responsabilidad exigida en un asunto como la lucha contra el fraude en el que "queda mucho por hacer" y sobre el que no hay que transmitir a los ciudadanos, según sus palabras, la idea falsa de que gobiernos y administraciones tributarias no la tienen presente en todo momento entre sus objetivos prioritarios.

"sabe más que nadie",

Según el psoe

"Me pilla de sorpresa, ¿no ha terminado la consejera?, no ha dicho nada del impacto en Castilla y León de la amnistía fiscal", ha respondido irónico el portavoz de Hacienda en el Grupo Socialista, José Francisco Martín, quien, tras acusar en reiteradas ocasiones a Del Olmo de mentir en sus afirmaciones sobre los resultados de la amnistía fiscal, ha lamentado que la conclusión de la comparecencia de este lunes que "no sabe nada" y que "no tiene absolutamente ningún dato a estas alturas de 2014".

Martín, que ha asegurado no fiarse nada de la Junta en este asunto en el que la propia consejera dijo que "tenía compensación automática" y que el dinero de las liquidaciones "llegaba directamente" a la Comunidad, se ha mostrado convencido de que Del Olmo sabe "más que nadie" con resultados de los amnistiados "con nombres y apellidos".

"Si no tiene datos por qué sabe que las cifras que se conocen están mal o bien cuantificadas", se ha preguntado Martín, quien ha reclamado la "responsabilidad política clarísima" de Pilar del Olmo por su "ineptitud y desidia" y por poner a la Comunidad "de rodillas" ante el Gobierno de la nación en esta materia. "No me cabe en la cabeza este nivel de alfombra", ha añadido y ha dudado que con esa actitud de "sumisión" se pueda ir a algún sitio en la negociación de un modelo de financiación cuyo pilar fundamental debe ser la lealtad institucional.

Dicho esto, ha ofrecido un acuerdo para llevar a cabo una modificación legal que permita conocer el nombre y apellidos de los defraudadores que se han acogida a la amnistía además de establecer mecanismos para exigir al Gobierno la compensación para Castilla y León.

Desde el Grupo Mixto, su portavoz, José María González, ha reivindicado el derecho de la Comunidad a conocer esos datos y ha cargado contra el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por perseguir a los jubilados por 30 euros mientras favorece a grandes defraudadores. Así, ha vuelto a reivindicar una Agencia Tributaria propia para una mejor gestión de los impuestos y ha propuesto un acuerdo de Comunidad para que se conozcan los datos sobre al impacto de la amnistía en Castilla y León. "Aquí lo dejo porque quiero creer sus palabras", ha sentenciado.