CCOO-Euskadi considera "fruto de un posible error" que la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares le haya solicitado los números de cuentas bancarias "donde recibe ingresos, emite pagos, domicilia recibos y cualquier actividad que esté relacionada con su contabilidad, haciendo especial mención en su caso a las 'cuentas de enlace' que mantuviera con sus respectivas federaciones a nivel regional y/o estatal".

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el secretario de Organización y Finanzas de la Confederación Sindical de CCOO de Euskadi, Sabino Santolalla Mentxaka, asegura que el requerimiento efectuado por la juez Mercedes Alaya les ha causado "extrema sorpresa".

A su juicio, dicho requerimiento sería "fruto de un posible error", ya que la Confederación Sindical de CCOO de Euskadi es "una persona jurídica distinta y totalmente independiente del resto de organizaciones y personas jurídicas que comparten la designación de CCOO".

A ello se suma, según el escrito, que "nunca ha tenido actuación ni directa ni indirecta en Andalucía, habiendo ejercitado siempre toda su actividad en el ámbito geográfico del País Vasco", por cuya razón "se encuentra lógicamente fuera del perímetro de lo que es objeto de investigación" en el caso ERE.

No obstante, y en cumplimiento del requerimiento, el dirigente sindical le informa de las cuentas corrientes de la Comisión Ejecutiva de la Confederación Sindical de CCOO de Euskadi, "ninguna de las cuales se trata de 'cuentas de enlace', ya que se trata de un concepto o modalidad inexistente en esta organización".

UGT-EUSKADI

En el auto, la juez pedía información sobre sus cuentas bancarias, además, a la Federación de Industria de CCOO-A; a la Federación Andaluza Agroalimentaria de CCOO; a la Federación Agroalimentaria de UGT Cádiz; a la Federación de Metal, Construcciones y Afines de UGT-A; a UGT del País Vasco y a la Federación de Industria de UGT-A.

En este sentido, el secretario de Administración y Finanzas de UGT-Euskadi ha elevado un escrito al Juzgado, consultado por Europa Press, en el que informa sobre las cuentas bancarias con las que opera, tanto en Bilbao como en Vitoria y San Sebastián.

En relación a las 'cuentas de enlace', manifiesta que las mismas "no son cuentas corrientes o bancarias, sino meros documentos internos que a veces se utilizan para anotar los posibles créditos y débitos entre organismos de este sindicato", señalando que "cuando existen no se canalizan a través de una cuenta corriente específica, sino de varias o de todas las que pudieran manejarse".

Además, "por nuestra parte no mantenemos cuentas de enlace con federaciones regionales y/o estatales", dice el escrito en contestación a la petición de la juez Alaya, quien en el auto donde planteó este requerimiento argumentó que, en el marco de su investigación, la Guardia Civil ha analizado los pagos que las mediadoras que recibían las 'sobrecomisiones' de los ERE destinaban a diferentes organizaciones sindicales "justificándolo en la prestación de supuestos servicios, y como éstos supuestos servicios se facturaban a través de empresas vinculadas a los referidos sindicatos".

La "cantidad exacta" cobrada por los sindicatos

Así, la juez dice que "se han detectado numerosos pagos de las mediadoras a los sindicatos, algunas veces directamente a las federaciones de los mismos, pero otras a través de empresas vinculadas a ellos", como son Atlantis Asesores, para CCOO, y ASP-Asesoramiento Seguros, ITG y Temiqui para UGT.

Por ello, "se hace necesario profundizar en el estudio del flujo del dinero, cuyo origen se encuentra en la Administración andaluza, y comprobar si las comisiones que se facturan con las empresas citadas revierten en las federaciones que supuestamente han participado en la consecución de las ayudas públicas".

El objetivo, según Alaya, "es intentar determinar la cantidad exacta que las diferentes organizaciones sindicales hubiesen cobrado de los fondos librados por la Junta en el marco de las ayudas sociolaborales objeto de las presentes investigaciones", ya que "el montante de las sobrecomisiones que las organizaciones sindicales han recibido de las mediadoras, que se ha podido calcular con el estudio de las cuentas bancarias vinculadas a éstas últimas, no coincide con la cantidad de pagos que éstas han reflejado en la declaración tributaria de cobros y pagos".

Posteriormente, la juez dictó un segundo auto en el que ampliaba su investigación y requería a varias entidades bancarias que facilitaran información sobre cuentas asociadas a la Federación Regional del Metal, Construcción y Afines; UGT-Valencia; Confederación sindical de CCOO, y Federación Agroalimentaria.