El Gobierno de Cantabria considera que las discrepancias del Gobierno central en relación con la Ley de Aprovechamiento Eólico de la Comunidad Autónoma, "van a poder ser solventadas" en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación, que ha acordado iniciar negociaciones y designar un grupo de trabajo para proponer soluciones.

"Nos vamos a sentar a la mesa con el ánimo de buscar el acuerdo", ha asegurado el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, a preguntas de los medios de comunicación, tras la publicación este miércoles en el

Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación para iniciar negociaciones y designar un grupo de trabajo para proponer la solución que proceda.

Este procedimiento, en virtud del cual se amplía en varios meses el plazo del Estado para recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional, es el mismo que se siguió con la denominada Ley 'Antifracking' de Cantabria, que finalmente fue impugnada por el Gobierno central, provocando su suspensión; y el mismo que se ha iniciado también con la Ley de Cooperativas, aunque en este caso el Gobierno regional asegura que la discrepancia es una cuestión "puramente técnica" que se va a solventar sin necesidad de llegar al Constitucional.

Según el acuerdo que ambas administraciones han notificado al Tribunal Constitucional, en el caso de la Ley Eólica, que aunque se aprobó en noviembre pasado no ha entrado todavía en vigor (lo hará a la vez que el Plan de Sostenibilidad Energética), las discrepancias del Estado se centran en el título II y la disposición adicional segunda de la norma.

El Título II regula la autorización administrativa de los parques eólicos, y la disposición adicional segunda establece que la planificación energética de la Comunidad Autónoma será aprobada por Decreto del Consejo de Gobierno.

Criterios ambientales

Según informa el Gobierno de Cantabria en un comunicado de prensa, el motivo principal de la discrepancia formulada por la Administración del Estado guarda relación con algunos de los criterios previstos en la ley para valorar las solicitudes de parques eólicos, en particular con aquellos que "ponderan las compensaciones al medio ambiente y al patrimonio cultural, introducidos con objeto de que los promotores de parques tuviesen desde un principio en cuenta estos aspectos".

El presidente ha explicado que son "una serie de reservas de carácter ambiental, unas exigencias añadidas" que el Gobierno entiende que son "oportunas y adecuadas" en una comunidad autónoma como Cantabria, cuyo patrimonio natural y paisajístico "es también en buena medida fuente de riqueza para otro sector importante como es el turismo y todo lo que está asociado a él".

Sin embargo, el Estado considera que todos aquellos criterios de valoración que no están directamente vinculados con el proyecto técnico de parque podrían no ser aceptables, fundamentalmente a la vista de la regulación que en esta materia contiene la reciente Ley del Sector Eléctrico, aprobada el 26 de diciembre de 2013.

Desde el Gobierno de Cantabria se recuerda que la Ley de Aprovechamiento Eólico, que se publicó en el BOC de 5 de diciembre, es anterior a la Ley estatal.

El Ejecutivo destaca que, precisamente con objeto de evitar cualquier futura divergencia con la normativa estatal sobre los referidos criterios de valoración, la Ley Eólica de Cantabria introduce en su disposición final primera una habilitación al consejero de Industria para adecuar los citados criterios a la normativa básica que el Estado pudiese aprobar en cada momento.

"Siempre que se garanticen los principios de objetivos, transparencia y no discriminación, por Orden del Consejero competente en materia de energía podrán modificarse los criterios de valoración o ponderación contemplados en el artículo 18 para la obtención de la autorización en competencia de parques eólicos. Los mencionados criterios se ajustarán en todo momento a lo dispuesto en la legislación básica estatal, procediéndose a tal efecto a su modificación en la forma antes señalada si fuere necesario", dice textualmente la disposición final primera.

Planificación energética

Otra discrepancia del Estado se centra en la referencia que hace la ley cántabra a la planificación energética como "presupuesto indispensable" para autorizar parques eólicos. Al respecto, el Gobierno regional señala que Cantabria ha tenido planificación energética desde julio de 2006, con ocasión de la entrada en vigor del PLENERCAN, y que "precisamente el no respeto a esa planificación fue uno de los argumentos que justificó la anulación por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria del concurso eólico convocado en junio de 2009".

El consejero de Industria, Eduardo Arasti, considera que "las iniciales discrepancias surgidas en relación con la Ley de aprovechamiento eólico de Cantabria, van a poder ser solventadas en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación".

El presidente ha añadido que el Gobierno "se dispone a sentarse en esa mesa para buscar las fórmulas que sirvan para acomodar" la Ley Eólica de Cantabria al ordenamiento jurídico "desde las dos visiones, la del Estado y la Comunidad Autónoma", un objetivo que ve factible "si los argumentos expuestos por la otra parte son razonables y no perjudican a nuestros intereses como comunidad autónoma".