El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha presentado un escrito al Fiscal Superior de Andalucía para solicitar la apertura de diligencias de investigación ante posibles delitos de prevaricación y nombramiento ilegal y pueda depurar responsabilidades al respecto, tras las irregularidades recogidas por la Cámara de Cuentas en el 'Informe de Fiscalización Horizontal de la gestión de las ayudas de la Junta de Andalucía' sobre la contratación de personal en consorcios, como las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt) o los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE).

Según indica el SAF en una nota, en este informe, correspondiente a los ejercicios de 2010 a 2012 y aprobado el pasado 15 de enero de 2014, la Cámara advierte en las conclusiones del documento que "no ha sido posible obtener documentación relacionada con la adecuación en la selección del personal, con la actividad desarrollada y sobre la gestión económica, así como aclarar determinados aspectos relacionados con el seguimiento de la actividad".

Además, añade que, en relación a "la adecuación y la contratación de los ALPE, se ha comprobado que un dos por ciento de las personas seleccionadas no estaban inscritas en el SAE como demandantes de empleo".

Asimismo, según el SAF aludiendo al informe, en los expedientes "no constaba la documentación preceptiva para el procedimiento de selección; y así en un 48 por ciento de los expedientes, la presentación de la oferta genérica, en un 21 por ciento, que las contrataciones se hubieran realizado entre personas demandantes de empleo y en un 48 por ciento, la preceptiva convocatoria pública".

Finaliza el informe que "estas deficiencias han provocado que no se pueda concluir sobre la adecuación del procedimiento seguido para la selección y contratación del citado personal".

El SAF señala que el coste de personal "supone una cuantía total de 57.340.676 euros, solo el periodo que transcurre desde 2010 a 2012, aunque los consorcios están operativos desde 2002".

Ha precisado que más de 57 millones de euros en solo tres años que están destinados a sufragar los costes salariales, incentivos e indemnizaciones por la extinción de los contratos.

En ese sentido, ha precisado que el personal técnico y administrativo de la estructura básica forman parte desde enero de 2009 de los CADE, adscritos a la Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende.

En el escrito, el SAF denuncia que este personal "continúa percibiendo retribuciones con cargo al erario público, a través de subvenciones, incluso aunque, tal y como afirma la Cámara de Cuentas en el informe, no consta convocatoria pública, oferta genérica o documentación preceptiva en la selección como exige la orden reguladora, el Estatuto Básico del Empleado Público y la Constitución Española".

El sindicato desconoce si se ha informado sobre estos hechos al fiscal, como establece el artículo 61.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la propia Cámara. Por ello, SAF facilita la documentación necesaria para que el fiscal "pueda investigar posibles delitos de prevaricación y nombramiento ilegal y pueda depurar responsabilidades al respecto".