La Fundación Caja Segovia ha celebrado este martes la sesión constitutiva de su patronato, órgano integrado por 15 miembros que se encargará de administrar y representar a la entidad en sustitución de la Comisión Gestora que designó la Junta de Castilla y León para asumir las funciones hace un año y tres meses.

El patronato está formado por los seis miembros de la Comisión Gestora (Juana Borrego, Elena García Gil, Javier Reguera, José María Yagüe, Concepción González y Olga Llorente), dos representantes de la Diputación (María Lourdes Merino y Ángel Pablo Román), uno del Ayuntamiento de Segovia (Clara Luquero), otro del Ayuntamiento de Cuéllar (Ainoa Iglesias) y otro de los empleados de la extinta Caja Segovia (Carlos Rubio).

Forman parte asimismo Rafael Cantalejo (Real Academia de Historia y Arte de San Quirce) y Juan Manuel Muñoz (Federación Empresarial Segoviana), representantes ambos de entidades relevantes de los ámbitos social, cultural, económico y educativo. A ellos se suman Rafael Ruiz y María Jesús Hernando, que han sido designados libremente tras el rechazo por parte de la Universidad de Valladolid (UVA) y los sindicatos a nombrar patronos.

El patronato, en cuya formación se ha tenido en cuenta la igualdad de género, deberá designar a sus cargos de responsabilidad, un hecho que se prevé para la próxima semana.

La nueva entidad, que tendrá carácter ordinario tras perder la antigua Caja Segovia su participación accionarial en el Banco Financiero y de Ahorros (BFA) en junio de 2012, nace con una dotación fundacional de 6.557.295 euros.

La cuantía se deriva de una aportación en metálico de 30.000 euros y de la valoración de los dos edificios más emblemáticos de la antigua Caja: el Torreón de Lozoya, inmueble medieval declarado Bien de Interés Cultural (BIC), actualmente hipotecado por una deuda tributaria, y el Palacio de Villafañe, la primera sede de la entidad de ahorros.

Su inclusión en la dotación inicial supone que estas dependencias quedan "protegidas de manera especial" e impide que puedan ser enajenadas, según ha explicado Javier Reguera en rueda de prensa tras la constitución oficial de la entidad. El resto de patrimonio, que conforman locales repartidos por toda la provincia y obras de arte, queda a disposición para venta o alquiler.

Un futuro "incierto"

En declaraciones recogidas por Europa Press, Reguera ha subrayado que la Fundación arranca con muchas expectativas y ganas por sacar adelante iniciativas para Segovia, pero también con problemas que hacen "inciertos" el presente y el futuro de la entidad.

Tras la integración de Caja Segovia en Bankia, la pérdida de participación en el BFA y la asunción de una deuda tributaria de 6,8 millones de euros que obligó a hipotecar el Torreón, la entidad desembocó en una situación de quebranto económico y ausencia de ingresos que obligó a reducir al máximo los gastos, reducir la plantilla hasta los seis empleados, ceder sus locales a los ayuntamientos para liberarse del coste de mantenimiento y arrendar dependencias, algunas de las cuales están alquiladas a Cortefiel, Bankia y la UVA.

Esta última alternativa constituye la única fuente de recursos para una institución cuya gestión es deficitaria, pues es capaz de ingresar anualmente 200.000 euros pero gasta 162.000 solo en el préstamo adquirido para asumir la deuda tributaria. Además, en estos momentos carece de liquidez suficiente y no llegan ofertas para alquilar o vender locales que le permitan plantearse un futuro mayor a cinco años.

El caso del torreón

Este futuro depende en gran medida del devenir del conocido como 'caso del Torreón', que dio lugar a un proceso penal que se sigue en el Juzgado número 5 de Segovia. El préstamo, según han explicado los miembros del patronato, tiene todavía cuatro años de carencia. A partir del quinto año, la Fundación debería comenzar a amortizarlo, algo que le resultaría imposible con recursos propios.

Por ello, se ha propuesto "pelear" para solventar el problema y sopesa múltiples alternativas para hacer frente al crédito y liberalizar el Torreón. "Tampoco renunciamos a ninguna posibilidad de obtener ingresos como consecuencia de los procesos judiciales abiertos, aunque éstos no garantizan que se vayan a obtener recursos", han señalado los patronos.

En cuanto al inicio de un nuevo proceso judicial para reclamar a Bankia el importe de la deuda que pagó la Caja, posibilidad que barajó la Gestora, la Fundación se mantiene cautelosa ante el alto coste de las acciones judiciales y el riesgo que conllevan. "Si se pierden son demoledores, porque hay que hacer frente a los gastos de las partes y éstos pueden multiplicarse exponencialmente hasta superar los costes de la hipoteca", han aseverado.

Al mismo tiempo, han señalado que no hay iniciativas encaminadas a reclamar a los antiguos consejeros que abonen los 33 millones de euros que aprobaron para los altos directivos en concepto de jubilaciones y pensiones, como solicitó recientemente UPyD.

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