El portavoz de IULV-CA en la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento de Andalucía, Ignacio García, ha anunciado que el próximo jueves llevarán al Pleno de la Cámara autonómica una proposición no de Ley sobre las bases política para una reforma "justa y progresiva" del actual sistema tributario.

En una rueda de prensa celebrada en Cádiz, García ha criticado el informe elaborado por un grupo de expertos para el Gobierno de propuestas para la reforma fiscal, que entiende que "consolida una injusticia retributiva" de manera que los que menos tienen tributan más y, entre otras cuestiones, "significa, a la larga, el desmantelamiento del Estado de Bienestar".

Por ello, IU ha elaborado una propuesta alternativa a este documento que comporta 50 medidas, 18 de las cuales, "las más importantes", se han plasmado en la proposición no de Ley que se llevarán el jueves al Pleno del Parlamento andaluz.

Las 18 medidas se agrupan en cuatro bloques, incluyendo el primero de ellos cuestiones de carácter general, el segundo sobre el impuesto de sociedades, el tercero sobre posibles nuevas figuras impositivas y el último sobre medidas de lucha contra el fraude fiscal.

Exposición de motivos

En la exposición de motivos de la proposición no de Ley de IU se señala que, desde el punto de vista fiscal, el gasto público total de las administraciones españolas es aproximadamente seis puntos porcentuales del Producto Interior Bruto (PIB) inferior al de la media de la Unión Europea (UE), lo que se explica porque "mantenemos una contribución fiscal de las más reducidas de la Eurozona, diez puntos porcentuales menos que la media de la UE". Además, en España, desde 2007, la presión fiscal "se ha desplomado en seis puntos porcentuales", con lo que "nuestro problema no es el gasto público, sino los ingresos".

Expone que, a la vista de la "escasa eficiencia" para la salida de la crisis de las políticas que se están siguiendo, "basadas sobre todo en la consolidación fiscal", son necesarias "medidas para reforzar la recaudación, pero orientadas con criterios de equidad y progresividad".

En ese contexto, "es preciso que las medidas tributarias graviten sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica que, además, tienen una propensión marginal a consumir menos con lo que el gasto interno en forma de demanda no se verá tan afectado, contribuyendo así positivamente a la recuperación de nuestra economía y a reducir de forma sensata el déficit público".

También considera necesaria "mucha mayor decisión y fuerza" en las políticas de lucha contra el fraude y la elusión fiscal. Asimismo, añade que "la polémica entre subida o bajada de impuestos es falsa y suele ser utilizada por la derecha para esconder la injusticia del sistema y los privilegios fiscales de unos pocos".

A juicio de IU, se trata, ante todo, de "redistribuir recursos para el bienestar de todos los ciudadanos, evitando en lo posible las dificultades y sufrimiento de los que menos tienen". Ello pasa por "estimular la demanda interna y crear empleo", lo que considera que "en ningún caso parece que, ni la filosofía del Gobierno central ni los contenidos del documento de los expertos vayan a conseguir".

MEDIDAS

La propuesta de IU, en relación con la política fiscal vigente y la posible reforma de la misma anunciada por el Gobierno central, plantea la derogación de la reforma del artículo 135 de la Constitución, así como la derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

También la modificación de la tributación actual de las rentas del trabajo y el capital en el sentido de integrarlas en una misma base imponible, especialmente en lo que respecta a las rentas del ahorro generadas a corto plazo, generalmente, como consecuencia de operaciones "fuertemente especulativas".

Sus medidas pasan también por la modificación de la Ley General Tributaria con una tipificación más rigurosa del delito fiscal, así como la realización de una Auditoría Pública y Ciudadana de la deuda pública española. Explica que se entenderá la deuda ilegitima como aquella contraída por el Estado cuya finalidad es hacer frente a necesidades de terceros privados sin que tengan una relación directa con la actividad pública normal del Estado.

Reclama también la derogación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, sobre el IVA de forma que puedan reducirse y reclasificarse algunos tipos, así como la reforma del sistema de módulos limitando su uso, en principio, con tres criterios: la reducción temporal a dos años, la limitación cuantitativa a beneficios de subsistencia razonable y la reserva a aquellas actividades cuyo objeto sea destinar los bienes o servicios a un consumidor final.

En este bloque, también plantea la derogación o, en su caso "reforma drástica", del régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español.

En el apartado sobre el impuesto de sociedades, IULV-CA propone establecer un tipo en el entorno del 35 por ciento para las bases imponibles superiores al millón de euros y también limitar las bonificaciones, deducciones, etcétera, a un máximo próximo al tres por ciento de la base imponible y a otro próximo al cinco por ciento como máximo complementario y de carácter "directamente vinculado y estrictamente proporcional en el caso de creación de empleo estable".

Nuevas figuras impositivas

En este sentido, la proposición no de Ley plantea la creación de un impuesto especial sobre bienes suntuarios, que será aplicable a los productos y servicios considerados de lujo. También propone la creación de un impuesto sobre las transacciones financieras.

De la misma forma, aboga por la creación de un impuesto sobre la riqueza que sustituya al Impuesto sobre el Patrimonio y que, además, incorpore fórmulas para evitar la interposición de sociedades con las que las grandes fortunas puedan eludir la tributación.

Plantean la elaboración de una Ley de Fiscalidad Ecológica que persiga la internalización de costes ambientales por parte de sus responsables, que contribuya a una mejora ambiental y, a la vez, a una asignación económica más eficiente de los recursos y que analice la posibilidad de introducir criterios medioambientales en algunos impuestos ya existentes.

Lucha contra el fraude

En relación con las lucha contra el fraude fiscal y la elusión fiscal, IULV-CA plantea la aplicación del plan de acción de la OCDE contra la erosión de la base imponible y la transferencia de beneficios de las multinacionales.

Otra de sus medidas pasa por la revocación de la licencia de las instituciones financieras y entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito que se nieguen a colaborar con la Administración Tributaria en la información y persecución de prácticas de fraude fiscal.

Abogan por la reorganización de la Administración Tributaria, especialmente en lo referente al incremento de medios materiales y humanos para alcanzar al mayor número de contribuyentes y sectores económicos.

Por último, plantea la modificación de la legislación de las Instituciones de Inversión Colectiva para evitar los "notorios abusos de las sociedades de inversión de capital variable, de patrimonios familiares, que cumpliendo los actuales requisitos crean una institución de inversión colectiva cuando en realidad son auténticas instituciones de inversión privadas".