El propietario de Grupo Playa Sol, Fernando Ferré, será juzgado entre el próximo 31 de marzo y el 4 de abril por el Juzgado de lo Penal número 2 de Ibiza, acusado de urdir un entramado societario dirigido a eludir sus obligaciones tributarias mediante la facturación de servicios inexistentes. Unos hechos por los que la Fiscalía Anticorrupción solicita 81 años de prisión para el hotelero.

Junto a Ferré se sentará en el banquillo su contable, Josep Oller, para quien el Ministerio Público reclama por su parte 14 años y medio de cárcel. Sobre ambos pesa una fianza de responsabilidad civil de 48,5 millones de euros.

El concreto, sobre Ferré pesan 14 delitos contra la Hacienda Pública estatal y autonómica, un delito contable y tres contra los derechos de los trabajadores. De forma paralela, Oller se enfrenta a la imputación de 14 delitos fiscales y uno contable. También están personados en la causa la Abogacía de la Comunidad Autónoma, la del Estado, UGT y CCOO.

Cabe recordar que en junio de 2010 el juez decretó el ingreso en prisión sin fianza de Ferré, tras habérsele atribuido un fraude al fisco de 14 millones de euros. Un mes después, el magistrado le dejó en libertad, a petición de la Fiscalía, al considerar que ya no existía riesgo de fuga.

El empresario administraba Playa Sol hasta su entrada en la prisión de Ibiza, tras lo cual el juez nombró a un administrador para que se hiciera cargo de la cadena hotelera, la mayor de las Pitiusas con 58 hoteles y unas 17.000 camas, alrededor del 20 por ciento de las plazas turísticas de la isla.

Tras su salida de la cárcel, el magistrado le prohibió acercarse hasta sus empresas o ponerse en contacto con sus responsables. La detención y posterior encarcelamiento de Ferré se produjeron a raíz de la puesta en marcha de la Operación Trueno, destapada por la Agencia Tributaria y en la que también trabajaron la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción.

Las pesquisas apuntan a que adquirió en los últimos años entre 30 y 50 hoteles por varias partes del mundo, así como el 14 por ciento de la planta hotelera ibicenca, con dinero presuntamente ilícito. La operación policial constató que el hotelero no había declarado impuestos en los cinco años anteriores, pese a estar vinculado a un entramado empresarial integrado por 300 sociedades y administrar un patrimonio hotelero valorado en más de 600 millones de euros.