Francisco Carrera, exalcalde socialista de Medina Sidonia (Cádiz), ha declarado este jueves ante la titular del Juzgado Mixto de Instrucción número 2 de Chiclana de la Frontera que actuó "de buena fe" en relación a la facturación fraccionada de la redacción del proyecto básico y ejecución de la obra de 'Consolidación y restauración de las Murallas de la Fuente Salada y su entorno'.

Según ha explicado a Europa Press el letrado de Carrera, José Manuel Jareño, su cliente, al que se imputa un presunto delito de prevaricación, ha contestado durante algo más de una hora a todas las preguntas que le ha planteado el Ministerio Fiscal y ha dado las explicaciones pertinentes a la juez de "por qué actuó de la manera que actuó". Añade que han presentado "una serie de documentos y de fotografías recabadas por Carrera" que están ya en poder del fiscal y la juez.

Apunta el abogado que queda por declarar como testigo el próximo día 27 la interventora municipal y el 3 de abril el actual alcalde, Fernando Macías (IU), también como testigo. En este sentido, señala que será Macías "quien tendrá que explicar al juez por qué ha pagado la factura".

Detalla Jareño que el exalcalde ha argumentado que actuó "de buena fe" y, a juicio del letrado, "puede haber existido, en todo caso, alguna irregularidad de tipo administrativo, pero nada más", abundando que, a su criterio, "no hay materia penal alguna por parte de Francisco Carrera".

Cabe recordar que las actuaciones se iniciaron a raíz de una denuncia instada por el Ministerio Fiscal por un presunto delito de prevaricación contra Carrera y contra las personas que se estime pertinentes, una vez practicadas las pesquisas de investigación.

En este sentido, el juzgado ha solicitado al Ayuntamiento asidonense información sobre los miembros de la Junta de Gobierno Local que el 2 de diciembre de 2011 votaron a favor de facturar de forma fraccionada los honorarios para la redacción y ejecución del citado proyecto.

La Fiscalía se basa en un informe de la Intervención Municipal que especifica que no ha quedado acreditado que el contrato en cuestión se incluya entre los que contempla la normativa para su fraccionamiento, que, en este caso, habría dado lugar a la "omisión de trámites y requisitos esenciales del procedimiento", dando lugar a que "se prescinda de la libertad de acceso a las licitaciones, así como de la publicidad y transparencia" que marca la legislación.