La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha anunciado que, antes del 28 de marzo, la Junta de Andalucía interpondrá un recurso ante el Tribunal Supremo contra el reparto del objetivo de déficit para el periodo 2013-2016 entre la Administración central y las comunidades autónomas, dado que no se respeta lo establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y se hace recaer el peso del ajuste de forma desproporcionada en las comunidades autónomas, que son las responsables de la prestación de los servicios públicos fundamentales.

Así lo ha avanzado en la Comisión de Hacienda del Parlamento andaluz, donde ha recordado que los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones públicas y cada uno de sus subsectores fueron acordados en las reuniones del Consejo de Ministros del 28 de junio (período 2014-16) y 12 de julio de 2013 (año 2013).

A juicio del Gobierno andaluz, según ha explicado Montero, dichos acuerdos incumplen lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, ya que esta norma dispone "que ninguna administración podrá incurrir en déficit estructural, pero fija un periodo transitorio para su reducción paulatina hasta 2020".