El delegado territorial de la Junta en Segovia, Javier López-Escobar, ha asegurado que el Gobierno regional tomará las medidas necesarias para garantizar el transporte interurbano de viajeros con las condiciones de seguridad pertinentes.

Entre estas medidas ha apuntado la posibilidad de autorizar la parada de los autocares en puntos como el Paseo Nuevo de la capital, como ya se ha hecho anteriormente.

Así lo ha manifestado en declaraciones a Europa Press al conocer el anuncio de cierre de las instalaciones el próximo 30 de junio, plazo máximo que ha fijado el Ayuntamiento para mantener sus puertas abiertas ante la imposibilidad de asumir la gestión, hasta ahora concedida a la mercantil Compañía de Aparcamiento Regulado S.A (Carsa).

El Consistorio ha puesto la estación a disposición de la Junta, administración con competencias en transporte interurbano, así como le ha instado a que financie las obras para convertir la infraestructura, jurídicamente calificada como un "aparcamiento" o "apeadero de viajeros", en una verdadera estación. Eso permitiría cobrar un canon por entrada y salida de autobuses con viajeros, así como por el uso de los servicios generales, con el consiguiente ingreso de recursos.

López-Escobar ha señalado, ante el "órdago" que según ha dicho ha lanzado a pocos días de marcharse el todavía alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes, que la Junta no puede ofrecer alternativas a decisiones de ámbito municipal, máxime cuando el Consistorio no dio respuesta al acuerdo impulsado hace años con la Administración regional para el impulso de las instalaciones.

Según ha relatado, entonces hubo un proyecto que requirió dos años y medio de ejecución y más de dos millones de euros que dieron como resultado la colocación de unas marquesinas que fueron además denunciadas por los vecinos.

El asunto se judicializó y la Junta, responsable de la verificación y la autorización, finalmente no aprobó la conversión del espacio en estación. A partir de ahí, ha proseguido, el Consistorio no avanzó más ni en la expropiación de terrenos ni en otros planteamientos ni en un convenio de colaboración.

"La decisión de cerrar es suya y no puede echar la culpa a nadie más", ha advertido el delegado, quien ha rechazado la invitación a la Junta a financiar las obras de conversión, pues no hay dinero en estos momentos y tampoco la estación es un asunto autonómico.

López-Escobar ha reprochado a Arahuetes que "rompa la baraja" y ha confiado en que él o quien acceda a la Alcaldía "vuelva a la senda de la sensatez", reflexione y resuelva por decreto esta situación, de manera que se ponga solución como ocurrió con los conserjes de los colegios. Para el responsable autonómico, el anuncio es una "patada gratuita en el culo" de los ciudadanos, que ha llegado sin previo aviso y "sin venir a cuento".

Según ha añadido, la Junta se mantendrá al respecto con la misma actitud de colaboración y diálogo de siempre. Precisamente, el tema centrará una reunión con responsables de la Dirección General de Tráfico el próximo mes de abril en Valladolid. Al encuentro, solicitado por la edil de Tráfico, María José de Andrés, está previsto que acudan otros representantes municipales y el propio delegado territorial de la Junta.