La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, ha diseñado un nuevo protocolo de atención sanitaria —que actualiza y homogeneiza el procedimiento marco para la atención de personas en riesgo de exclusión social—, que busca mejorar la atención prestada en las áreas de urgencias de los hospitales públicos andaluces y establece que estos pacientes permanecerán en los centros sanitarios hasta que tengan un recurso social asignado o se identifique su entorno familiar o domicilio. La consejera del ramo, María José Sánchez Rubio, ha presentado este miércoles el texto al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, y se remitirá a las entidades locales para mejorar la coordinación.

En esta reunión con Maeztu, quien ha valorado la importancia del encuentro a petición de la propia consejera porque va a permitir que se abra una comunicación constante entre ambas instituciones para resolver con mayor agilidad los conflictos que no llegan de manera directa al Gobierno andaluz, se han tratado también otros temas, como el contenido de otro protocolo elaborado para garantizar la protección en el caso de menores inmigrantes en situación de riesgo de ser víctimas de las redes de trata de personas; el impacto de la reforma local en los servicios sociales; el estado actual de la Ley de la Dependencia o la atención a presos con hepatitis C.

Para Sánchez Rubio, el protocolo de atención sanitaria para personas en riesgo social "permitirá definir y ofrecer a las personas en situación de riesgo social los recursos sociales y sanitarios más adecuados a su situación, lo que repercutirá positivamente en su estado de salud".

Los factores de riesgo social no detectados influyen en el estado de salud de los usuarios, puesto que tienen mayores dificultades para seguir el tratamiento indicado y pueden sufrir agudizaciones de su situación clínica. Por este motivo, el nuevo procedimiento se centra en garantizar que los usuarios disponen de la capacidad necesaria para seguir las indicaciones terapéuticas e incluso si cuentan con un cuidador y, en caso de que no se den estas circunstancias, ofrecerle los recursos sociales más adecuados a su situación.

Para dar respuesta a estas demandas, el nuevo protocolo establece que los centros hospitalarios cuenten con guías de recursos sociales comunitarios, en los que se defina los criterios de activación de los mismos en función de los diferentes niveles de necesidad socio-sanitaria.

Precisamente, el procedimiento se trasladará a las corporaciones locales, que gestionan los recursos sociales comunitarios, para que puedan aportar también las sugerencias y recomendaciones que consideren oportunas para conseguir la mayor eficiencia en la activación de estos recursos. Además, se designarán profesionales responsables que estén presentes 24 horas en las áreas de Urgencias y que informará a la Unidad de Trabajo Social de la presencia de pacientes en posible situación de riesgo social.

Permanencia en el centro

En el caso en que no existan momentáneamente recursos sociales disponibles adecuados al usuario, el nuevo protocolo determina que los usuarios deberán permanecer en el centro sanitario hasta que se active el recurso social necesario, se aclare la procedencia del usuario —en el caso de personas indocumentadas o con demencia—, la existencia de familiares, cuidadores o su domicilio. Si estos usuarios deciden no permanecer en el centro sanitario y se niega a acudir al recurso social asignado se incluirá esta información en su historia clínica y quedará recogida formalmente esta negativa.

Además, se habilitará un espacio en el área de urgencias con el objetivo de preservar la intimidad de las entrevistas con este tipo de pacientes y sus familiares o cuidadores.

Asimismo, el protocolo establece un plan de formación para actualizar los conocimientos de los profesionales de urgencias sobre cómo detectar personas en situación riesgo social y sobre la utilización de la Guía de recursos sociales comunitarios. Igualmente, se establecerá un plan de comunicación interna dirigido a los profesionales de las diferentes unidades implicadas para que conozcan el nuevo procedimiento y se creará un sistema de registro específico.

Los profesionales de los centros sanitarios realizarán una actuación preferente por riesgo social en usuarios con discapacidad física o psíquica que acuden solos al servicio de urgencias, personas con discapacidad física o psíquica que acude acompañada de persona que presenta dificultades para atenderla, persona mayor con sospecha de malos tratos o abandono, mujer con sospecha de malos tratos, menor con sospecha de malos tratos y abandono y personas indigentes.

En este sentido, y cuestionada sobre en que punto se encuentra el caso del joven polaco Piotr Piskozbu que falleció en un albergue municipal horas después de ser atendido en la urgencias del Hospital Virgen del Rocío, la consejera ha recordado que su departamento "finalizó" su parte y que están pendientes de que termine el proceso judicial, que "aún no ha finalizado". "Nuestra decisión está absolutamente vinculada porque no podemos adoptar medidas hasta que no se resuelva", por eso "pensamos que lo que teníamos que hacer era introducir medidas para que evitar situaciones de este tipo, al margen de adoptar las medidas necesarias para esclarecer la situación.

Red de trata de personas

En el encuentro, se ha analizado también el protocolo elaborado por la Consejería para garantizar la protección en el caso de menores inmigrantes en situación de riesgo de ser víctimas de las redes de trata de personas. Este protocolo tiene como objetivo planificar y definir la intervención de los agentes implicados en el proceso de recepción, atención y acogida de personas inmigrantes, así como en la definición de una serie de indicadores que puedan servir para detectar los posibles casos de desatención, maltrato o trata de menores.

En esta tarea es imprescindible contar con la colaboración de las corporaciones locales. A este respecto, se pondrá en marcha un programa de formación especializada a los profesionales de los Servicios Sociales Comunitarios y a los Equipos de Tratamiento Familiar de las localidades donde se encuentran los centros de atención a inmigrantes para proporcionarles las competencias técnicas específicas para el trabajo con esta nueva realidad.

Además, a partir de las reuniones de coordinación se ha determinado la necesidad de modificar la Orden que regula los Equipos de Tratamiento Familiar para incorporar una disposición que hiciera referencia a la obligación de intervenir en estos casos en coordinación con los Servicios de Protección de Menores.

Otra de las cuestiones planteadas es la necesidad de dotar a los profesionales que trabajan directamente con los menores y las familias, de los conocimientos y las competencias necesarias para la detección y la intervención en casos tan difíciles como estos, por sus peculiaridades e implicaciones, con la puesta en marcha de un programa de formación especializada a los profesionales de los Servicios Sociales Comunitarios y a los Equipos de Tratamiento Familiar de las localidades.

Sas "garantiza" la asistencia a reclusos con hepatitis c

En la reunión también se ha abordado la atención sanitaria a la población reclusa con hepatitis C, asegurando Sánchez Rubio que dicha asistencia está garantizada por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS), a pesar de que depende de acuerdos firmados con el Gobierno central, y que contemplan, entre otros aspectos, que si el preso necesita ingreso hospitalario son las comunidades autónomas las que lo costean, pero si los especialistas prescriben fármacos de uso ambulatorio es Interior quien los compra.