Castro dice que tanto PSOE-A como IULV-CA creen que la reforma del sector público andaluz va "lenta" y pide "celeridad"

El portavoz de IULV-CA en el Parlamento de Andalucía, José Antonio Castro, ha asegurado este miércoles que tanto el PSOE-A como su formación consideran que la reforma del sector público andaluz "va lenta" y no a la "celeridad que les gustaría".
José Antonio Castro
José Antonio Castro
EUROPA PRESS

El portavoz de IULV-CA en el Parlamento de Andalucía, José Antonio Castro, ha asegurado este miércoles que tanto el PSOE-A como su formación consideran que la reforma del sector público andaluz "va lenta" y no a la "celeridad que les gustaría".

La razón, según ha expuesto en rueda de prensa a preguntas de los medios de comunicación sobre la marcha de los trabajos para la racionalización del sector público de la comunidad, es que "para decidir dónde hay que recortar primero hay que conocer exhaustivamente la realidad" de las empresas públicas de la Junta, algo que "no es fácil" teniendo en cuenta, ha dicho, que esa información "no estaba lo suficientemente actualizada ni sistematizada".

Castro, que ha recalcado que se está "trabajando por darle una salida racional a este asunto porque, cuanto más se tarde, más complicado será" hacerlo, ha señalado no obstante que lo que no se puede hacer en este tema es "plantear una linealidad en la aplicación de recortes" a los consorcios, fundaciones, patronatos y demás empresas que conforman el sector público andaluz porque eso sería "lo más fácil" pero también "lo más traumático y lo menos eficiente".

"Reconocemos que va lento y que no va a la celeridad que nos gustaría ni a IULV-CA ni al PSOE-A por cierto, pero ese trabajo va adelante y esperemos que más pronto que tarde tenga una concreción en cada uno de estos sitios", ha explicado.

Saluda la aprobación del decreto de exclusión social

Por otro lado, Castro se ha referido al anuncio del vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, de que, en el plazo de un mes, está prevista la aprobación del decreto ley de inclusión social, en el que se incluirá una parte "transitoria" que supondría la movilización de entre cinco y diez millones de euros, para garantizar los suministros básicos de luz y agua a las familias que no pueden asumir en este momento el pago de los mismos.

El portavoz ha calificado de "interesante" y "coherente" este anuncio después de que la OCDE haya publicado un informe en el que se constata que la brecha social entre ricos y pobres "cada vez es más grande y una realidad lamentable ante la que hay que actuar".

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