La Diputación de Lugo se convierte en la primera administración en España en imponer "cláusulas sociales" con las empresas que contrate, para tratar de afianzar a las plantillas de estas empresas "sus derechos laborales durante la relación contractual".

El presidente de la institución provincial, José Ramón Gómez Besteiro, compareció este miércoles ante los medios en el Pazo de San Marcos para dar a conocer esta iniciativa, que definió como "decisión pionera en Galicia y en España".

Según ha comentado, se fijan las denominadas "cláusulas sociales" en todos los contratos de servicios, lo que ya se hace actualmente en cinco pliegos; para el servicio de vigilancia, el de limpieza, el Centro de Atención al Usuario, el proyecto europeo de Gobierno Inteligente y para el aula itinerante de formación.

"Es decir, la Diputación de Lugo blinda 83 puestos de trabajo en la implantación de este modelo de contratación social", ha resaltado Gómez Besteiro.

Esas obligaciones "defienden los derechos de los trabajadores", convirtiéndose la Diputación de Lugo "en la primera administración pública de Galicia y la primera diputación de España en implantar un modelo de contratación socialmente responsable", ha incidido.

"empleo de calidad"

"Creemos en la Diputación, en un empleo de calidad apoyando a las empresas que crean ese empleo de calidad y así blindamos a los trabajadores de las empresas que prestan un servicio en esta institución y vamos a exigir por escrito que se garantice el número de empleados, así como sus derechos durante toda la relación contractual que esas empresas tengan con la diputación. Impedimos de esta forma que alguna empresa aproveche o se excuse de leyes tan nefastas como la reforma laboral del gobierno para vulnerar los derechos de los trabajadores a favor de la bajada de sueldos y despidos en precario", ha sostenido.

Besteiro ha señalado que la cláusula "social" incluye como requisitos que "se incorpore como criterio de valoración el número de trabajadores con contrato indefinido de las empresas que presenten oferta, se tendrán en cuenta las propuestas que impliquen una mejora en las condiciones laborales y salariales, también se tendrá en cuenta la inserción de trabajadores con discapacidad y no se permitirá bajadas desproporcionadas o anormales a costa de reducir en gastos laborales".

CONSECUENCIAS

El incumplimiento de estas obligaciones, según ha advertido Besteiro, tendrá "consecuencias", en forma de penalizaciones, que pueden variar entre un tres y un diez por ciento del presupuesto de contrato, o incluso "podría ser causa de prohibición para contratar con la administración, cuando se trate del incumplimiento de condiciones especiales de ejecución de contrato", ha precisado.

La Diputación de Lugo asegura que hará un seguimiento riguroso para velar por el "cumplimiento" de estos requisitos, por lo que se exigirá a las empresas adjudicatarias que, junto con cada factura, acrediten con documentación la relación de trabajadores y lo que cotizan por ellos.