La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado un nuevo atestado a la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) en el que analiza una ayuda de 871.467,50 euros concedida por el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero al Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto (Sevilla), gobernado por Francisco Rodríguez Galán (PSOE), que fue destinada a conseguir la "calma social" en lugar de destinarse al fin por el que se dio la ayuda, como era el desarrollo y fomento del empleo en el municipio.

En el atestado elevado a la juez Mercedes Alaya, al que ha tenido acceso Europa Press, la Benemérita relata que el 5 de febrero de 2003 se firmó un protocolo de colaboración entre la Dirección General de Trabajo y el Ayuntamiento por el que se concedía la referida ayuda "para la ejecución de un proyecto de viabilidad generador de empleo y en el que se contemplaban una serie de inversiones iniciales de adecuación", estando incluidas entre esas inversiones iniciales la adquisición de dos parcelas denominadas 'San Paulino' y 'Cerro del Hierro'.

En 'Cerro del Hierro' había 54 viviendas —una de ellas del propio alcalde— que la Justicia adjudicó posteriormente a las personas que llevaban viviendo allí desde hacía más de 30 años, con lo que "se perdió un total de 11.322 metros cuadrados", lo que supuso que de los 809.937,55 euros abonados por la finca 'Cerro del Hierro' se perdieran 388.000 euros, todo ello pese a que el Ayuntamiento "era sabedor que parte de los terrenos adquiridos con el dinero subvencionado, cuando finalizara el pleito, pasaría a propiedad de los demandantes".

A todo ello se suma que el alcalde "interpuso con fecha 2007 una demanda contra el Ayuntamiento para conseguir" que el inmueble "fuera declarado como de su propiedad".

Según los agentes, aunque el dinero "se libró para el desarrollo y fomento del empleo en la localidad", finalmente la ayuda se destinó a "regularizar la situación de los habitantes del poblado del Cerro del Hierro, los cuales se encontraban en pleito judicial con el anterior propietario de la parcela".

De este modo, y "al pasar ésta parcela al Ayuntamiento, todas las infraestructuras que tendría que facilitar el municipio se llevaron a efecto, lo cual beneficiaba directamente a esas personas, entre las que se encontraba el propio alcalde, que moraban en esos inmuebles, y que, más temprano que tarde, definitivamente y con los antecedentes existentes pasarían a ser propietarios de las casas".

"En síntesis, dinero público con fines sociales orientados al desarrollo de empleo en la localidad fue a parar a manos e intereses particulares", concluye la Guardia Civil, que asevera que en este caso "no sería descartable la existencia de un delito de malversación de caudales públicos por no haberse tenido el debido cuidado para con el dinero objeto de la subvención, del cual una parte pasó a manos particulares".

"fallaron todos los mecanismos de control interno"

A su juicio, "todas las partes vinculadas a la subvención se beneficiaron de ese dinero público", como son el anterior propietario de las parcelas, que las vendió "a un precio inmejorable, teniendo presente el pleito judicial que mantenía con los moradores del poblado de 'Cerro del Hierro'", y los inquilinos de las casas, entre los que se encontraba el alcalde y que "revalorizaron sus viviendas una vez que las parcelas pasaron a propiedad del Ayuntamiento".

"El municipio pasó a dotar la zona de las infraestructuras preceptivas, aún a sabiendas que, finalmente, los moradores de las casas serían sus propietarios y por último las propias instituciones públicas autonómicas", que "con esta subvención para un municipio de, escasamente, 700 habitantes, conseguían una calma social que favorecía o, en el peor de los casos, no perjudicaban sus intereses".

En este caso, según los agentes, "fallaron todos los mecanismos de control interno de las administraciones públicas que directa o indirectamente eran responsables de la concesión de las subvenciones", como era la Consejería de Empleo, y "del seguimiento de la aplicación que se le daba a ese dinero", en alusión a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas", de manera que "en el peor de los casos pudo existir una dejadez de funciones de estas administraciones públicas, dependientes de la Junta, comportamiento que podría tener su catalogación delictiva en el vigente Código Penal".

Monumento en homenaje al minero

La Guardia Civil alude en su atestado, de otro lado, al monumento homenaje al minero que se instaló en la localidad sevillana, aseverando que el pago de la obra "vino acompañado de múltiples irregularidades" en las que estaría implicado el propio Guerrero tras firmar un protocolo de colaboración entre la Consejería de Empleo y el escultor por el que la Junta se comprometía a subvencionar la obra con 53.000 euros.

Los agentes añaden que, en este caso, también estaría implicado el despacho de abogados Estudios Jurídicos Villasís, que "finalmente corrió con la facturación del escultor de la obra —46.000 euros—, todo ello como pago de favores por el trato recibido y los beneficios obtenidos en todas aquellas subvenciones en las que intervino" el despacho.

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