Ecologistas en Acción, personado en el procedimiento contencioso-administrativo para dirimir la legalidad de la licencia de obras del hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), ha trasladado su "preocupación" ante las irregularidades detectadas en la causa y la demora "injustificada" en la publicación de la sentencia.

En un comunicado, el colectivo ha remarcado que han pasado más de dos meses de la celebración el 14 de enero de la vista en audiencia pública ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y ha indicado que, a su juicio, el "curso de los acontecimientos resulta preocupante" tras hasta tres aplazamientos de la citada vista, que "no había solicitado ninguna de las partes".

Al hilo de esto, ha recordado que, pese a las sentencias ya firmes que dictaminan que el hotel vulnera la Ley de Costas y se levanta sobre suelo no urbanizable de especial protección que hacían presagiar que el fallo llegaría "pronto", este "no llega aunque se informó a abogados y periodistas que se notificaría el pasado día 25 de febrero".

"No hay justificación para un retraso que se añade a muchos años de espera. El hotel, que empezó a levantarse en 2003, en pleno boom inmobiliario, permanece vacío y paralizado por orden de otro juzgado almeriense. Pero su derribo no se ha hecho efectivo hasta el momento a pesar de cerca de una veintena de sentencias condenatorias", ha lamentado Ecologistas en Acción.

El colectivo se ha sumado al incidente de nulidad de actuaciones promovido por Salvemos Mojácar ya que entiende que se deben retrotaer las actuaciones a la fecha en que la magistrada que debía ser ponente se reincorporó a su destino.

"El pasado mes de noviembre, la magistrada encargada del caso fue sustituida por un compañero ante una baja por enfermedad. Este magistrado continúa actuando como ponente cuatro meses después, a pesar de que la jueza se reincorporó al trabajo ya en diciembre, antes de la celebración de la vista, lo que vulnera la normativa", ha explicado".

Incidente de nulidad

Cabe recordar que el citado incidente de nulidad expone el citado escrito que el TSJA acordó el 6 de noviembre de 2013 designar como presidente y nuevo ponente al magistrado Rafael Toledano Cantero debido a la baja por enfermedad de la hasta entonces ponente, la magistrada María del Mar Jiménez Morera.

Indica que la citada ponente se incorporó a su destino antes de la celebración del juicio, por lo que, según destacan, debió de ser la juez María del Mar Jiménez Morera quien decidiera si se celebraba o no el juicio, y quien participase en él, en caso de celebrarse.

"En todo caso la citada magistrada debió y debe de reincorporarse ahora a su puesto como ponente ya que la no reincorporación a su destino de la citada ponente incumple las Normas de Sustitución de Magistrados y Reparto por las que re rige el TSJA", asegura.

Salvemos Mojácar subraya, además, que el juez ordinario en esa causa es la citada ponente por lo que, a su juicio, se está vulnerando el artículo 24 de la Constitución "por haber privado a la asociación del derecho fundamental al juez ordinario".

El pasado 10 de febrero, la sala ya resolvió por primera vez ampliar el plazo para dictar sentencia y alegó para ello "la complejidad y la extensión de las actuaciones" que alcanzan los cuatro tomos y los 1.633 folios, así como el propio expediente administrativo "compuesto por diez cajas y cientos de planos y documentos".

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