La asociación Ecologistas en Acción ha criticado la "absoluta arbitrariedad" con la que habitualmente, a su juicio, actúan las autoridades mineras y ambientales andaluzas, después de haberse dado a conocer la decisión del Gobierno central de recurrir el decreto por el que se establece la reapertura del complejo minero de Aznalcóllar (Sevilla).

En un comunicado, Ecologistas señala que podría tratarse de un nuevo caso de invasión de competencias, "como ya ocurrió con la transferencia de las competencias del Guadalquivir, que fueron anuladas por el Constitucional y que ha provocado graves situaciones de inseguridad ambiental y jurídica, favoreciendo la impunidad por anulación de numerosos expedientes sancionadores en toda la cuenca, por extracciones ilegales de aguas y por vertidos contaminantes.

La decisión de la Junta de Andalucía de reactivar la minería andaluza tiene para la asociación como único objetivo "conseguir votos, aun a costa de crear falsas expectativas laborales, incurriendo en graves errores jurídicos y técnicos, que sin duda llevarán a repetir las consecuencias ambientales de la catástrofe anunciada de las minas de Aznalcóllar de abril de 1998".

"La falta de rigor ambiental, técnico y jurídico, hace que se aprueben proyectos totalmente inviables, como es el caso de la reapertura del yacimiento Lomero-Poyatos en el Cerro del Andévalo (Huelva), autorizada en noviembre de 2012 y que ha tenido que ser anulada por incumplimiento radical de las condiciones de la Autorización Ambiental Unificada (AAU), lo cual era claramente previsible", subraya Ecologistas.

Añaden que "en Ecologistas en Acción llevamos años advirtiendo del desprecio con el que la Junta de Andalucía trata la legalidad vigente que afecta a proyectos mineros, afectando gravemente a la prevención ambiental y vulnerando de manera sistemática los derechos de participación y acceso a la información ambiental".

En todos los casos, la Junta "ignora por completo las alegaciones que realiza Ecologistas en Acción y se niega a reconocer nuestro derecho a ser parte interesada en las autorizaciones mineras finales, vulnerando de esta manera la legislación comunitaria vigente desde el Convenio de Aarhus".