El Servicio de Consumo recibió a lo largo del año pasado 2.828 reclamaciones en materia de consumo, de las que 894 fueron trasladadas a otros organismos competentes de la administración (municipales, autonómicos o nacionales), mientas que las 1.934 restantes fueron tramitadas directamente por el propio servicio. Esto ha supuesto un aumento del 21% respecto a las reclamaciones presentadas en el año anterior.

Así lo han dado a conocer este sábado el director general de Salud Pública, Julio Bruno, y el jefe del servicio de Consumo del Principado, Adolfo Sánchez en una rueda de prensa celebrada con motivo del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, que se celebra este domingo día 15.

Sánchez ha explicado que del total de reclamaciones recibidas en 2013, 1.011 fueron solicitudes de arbitraje de consumo, un sistema extrajudicial de resolución de conflictos voluntario para las partes por el que éstas se comprometen a aceptar la resolución que se dicte, y que se caracteriza por su rapidez, ya que la resolución se dicta como regla general en un plazo inferior a seis meses. Otras 1.817 reclamaciones fueron tramitadas como denuncias y dieron lugar en 2013 a la incoación de 198 expedientes sancionadores.

Ha incidido además en que como en años anteriores, el sector que recibió un mayor número de reclamaciones fue el de las telecomunicaciones —operadoras de telefonía—, con un total de 1.504 (53%); seguido por los servicios financieros, con 330 (12%); el comercio minorista, con 174 (8%); los servicios profesionales, con 158 (5,6%) y la energía, con 146 (5,1%).

Según ha explicado Sánchez otra de las líneas de actuación del Servicio de Consumo tiene que ver con labor preventiva de control y vigilancia de los productos para evitar posibles fraudes o riesgos relacionados con la salud y la seguridad de los consumidores.

En este sentido ha destacado que la red de alertas de productos peligrosos tramitó 3.013 notificaciones de productos inseguros en 2013. En el caso del Principado se efectuaron cuatro notificaciones a la red de alertas, dos sobre juguetes, una sobre material eléctrico y una sobre vehículos.

Temor ante la reforma local.

Por su parte Julio Bruno ha insistido en reclamar compensaciones que eviten la posible desaparición de los servicios de protección de los consumidores con la nueva ley de Administración Local.

Bruno ha destacado la necesidad de establecer mecanismos que garanticen los servicios actuales a través de una delegación de competencias que cumpla los requisitos de suficiencia financiera de la Ley. De otro modo, ha advertido de que la aplicación de la norma puede causar la desaparición de los servicios de información y protección de los ciudadanos en materia de consumo.

"Aún compartiendo el objetivo de evitar duplicidades en la actuación administrativa, esto no puede hacerse a costa de suprimir servicios públicos. Y esto es precisamente lo que se va a conseguir si no se dota a las comunidades de medios para asumir estas nuevas competencias", ha asegurado Bruno, que ha indicado que desde el Principado se oponen a "una norma no consensuada, que vulnera la autonomía local y las competencias autonómicas y que puede suponer la desaparición de múltiples servicios públicos del ámbito local".