El presidente de Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, ha asegurado esta mañana que la reforma fiscal "no atentará contra la autonomía, ni supondrá merma de ingresos para las comunidades". Ha indicado que es "muy importante" que el Ejecutivo central "haya planteado una verdadera reforma fiscal".

Sanz ha respondido de este modo a preguntas de los periodistas acerca de esta reforma. Ha destacado que el Gobierno central "tiene visión de Estado" y ha asumido "con valentía reformas importantes para resolver los problemas estructurales de este país y dar garantías y sostenibilidad de cara al futuro".

No obstante, el jefe del Ejecutivo riojano ha reconocido que la reforma generará mucho debate, "y será enriquecedor", pero se ha mostrado convencido de que "será dialogada con todas las comunidades autónomas, ya que no va a ser una reforma que atente contra la autonomía y las competencias que tienen las comunidades autónomas ni va a suponer una merma de ingresos para las regiones".

Incentivar actividad económica

Sanz ha destacado que la reforma fiscal tiene que servir "para incentivar la actividad económica y, por tanto, la creación de empleo y debe ser un instrumento que financie a las Administraciones para que puedan prestar servicios de acuerdo con sus competencias". Asimismo, ha señalado que el nuevo sistema fiscal debe ser "más sencillo" y no producir "17 sistemas fiscales distintos".

En este sentido, ha manifestado que en estos momentos "tenemos un sistema fiscal obsoleto, anticuado, muy desordenado y poco coordinado y armonizado en el conjunto de las administraciones territoriales y en el conjunto del estado" y ha considerado que la reforma "va a plantear un ordenamiento de los tributos mucho más armonizado y que permita tomar decisiones al Estado en el conjunto de todas las administraciones y a las administraciones particularmente en cada uno de sus territorios con el diferencial que cada uno pueda plantear".

Al respecto ha puesto como ejemplo los impuestos municipales, caso del de circulación de vehículos o el IBI, que fijan cada ayuntamiento dentro de una horquilla establecida en la que pueden optar por cifras mayores o menores.