El Parlamento de Extremadura ha instado al Gobierno regional a que se revisen de oficio las resoluciones que hubieren denegado las solicitudes de ayudas de subsidiación de viviendas de protección oficial, antes de la entrada en vigor de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler viviendas.

De igual forma, ha instado a que se dicten en breve nuevas resoluciones favorables por las cuales se estimen las prórrogas, y, de esta manera, evitar a los afectados acudir a los juzgados, para no ocasionarles mayores perjuicios económicos.

Esta propuesta de impulso, presentada por el PSOE en el pleno celebrado este jueves, ha contado con el apoyo del resto de grupos con presencia en la cámara legislativa regional. En este línea, el PP ha indicado que vota afirmativamente a esta iniciativa porque el Ejecutivo extremeño esta ya haciendo lo que en ella se pide.

La diputada socialista Isabel Moreno Duque, durante su intervención, ha recordado que el pleno del Parlamento de Extremadura, en el mes de octubre, aprobó, con los votos en contra del PP, y a favor del resto, una iniciativa por la que se instaba al Gobierno regional a asumir, con fondos propios de la comunidad, las ayudas suprimidas por el Ejecutivo central a la subsidiación de préstamos a compradores de viviendas de protección oficial (VPO).

La propuesta de impulso, presentada por el PSOE, y apoyada por IU y los regionalistas de PREx-CREx, daba continuidad a una propuesta de pronunciamiento de la Cámara debatida en septiembre de 2013 en la que, por unanimidad, se reclamaba al Gobierno central que recuperara dichas ayudas.

En esta línea, ha indicado que la eliminación de estas ayudas se encuentra actualmente en el Tribunal Constitucional, después de que éste órgano haya admitido a trámite un recurso presentado por el Grupo Socialista del Congreso de los Diputados.

En concreto, la medida aprobada en el mes de octubre, según ha apuntado, venía referida a los beneficiarios que hubieran solicitado estas ayudas antes de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 20/2012, ya que la eliminación de las ayudas aplicada por el Gobierno central tenía carácter retroactivo.

Según ha dicho son "muchas" las familias extremeñas afectadas por este "nuevo recorte" que han interpuesto recurso contencioso administrativo para anular las resoluciones denegatorias de sus solicitudes de prorrogas, a lo que ha añadido que las sentencias que se vienen dictando en vía judicial, estimatorias de los recursos presentados por los afectados, sirven de base para apoyar los recursos interpuestos en el ámbito de la comunidad.

De esta forma, ha indicado que si el gobierno presidido por José Antonio Monago no rectifica se verá abocado a anular las resoluciones recurridas, a declarar la procedencia de la admisión de la solicitud de los demandantes para que, por un lado, los afectados sigan recibiendo la subvención de la cuota y por otro la Junta reintegre las cantidades que están abonando los afectados, por este "incumplimiento" en el pago de la subvención, con los intereses que del mismo se deriven, además de la imposición de costas.

Pero más allá de este "despilfarro público" que supondrán los intereses que se deriven del incumplimiento en el pago, o de las costas de los procedimientos contenciosos, Moreno Duque ha indicado que está la "preocupación" de su grupo por estas familias, que verán "cómo se hace justicia", pero, asimismo, se verán obligadas a pagar las tasas judiciales, que, por procedimiento ordinario, les supondrá un coste de 350 euros, y 250 euros en aquellos casos tramitados por procedimiento abreviado.

Según Moreno Duque, en la región podrían estar afectadas unas 8.500 familias, aunque también ha indicado que su grupo conoce que el Gobierno de Extremadura ha desestimado un total de 1.908 solicitudes y actualmente están revisando de oficio 1.601.

Opinión de los grupos

Por parte del grupo regionalista PREx-CREx, su diputado Damián Beneyto ha considerado que la administración debe estar para solucionar los problemas a los administrados, por lo que ha apuntado que la comunidad debería adelantarse, toda vez que ha habido sentencias que han dado la razón a los ciudadanos.

Por parte del grupo de IU, Pedro Escobar también ha mostrado el apoyo "sin ningún tipo de reservas" de su formación ante la propuesta socialista, ya que es "razonable" que "no se obligue" a los extremeños a acudir a los tribunales, al tiempo que ha considerado "injusto" que se hayan cambiado las reglas del juego "a mitad del partido".

En el turno del PP, la diputada Gema Cortés ha indicado que su grupo votará a la propuesta socialista porque el Gobierno de Extremadura ya está haciendo lo que pide la misma, que es revisar todas las resoluciones.

De la misma manera, ha aludido a los múltiples contactos mantenidos entre el Gobierno regional y el central para encontrar una solución a las familias afectadas.