El Grupo Socialista ha lamentado que el Grupo Popular haya rechazado con sus votos una Proposición No de Ley (PNL) socialista que instaba a la Junta de Castilla y León a establecer medidas contra la pobreza energética, que asegura que afecta a 73.275 familias de la Comunidad que no pueden hacer frente al pago de facturas de luz, gas o agua.

Así lo ha expresado la procuradora socialista Ana María Muñoz, quien ha defendido una iniciativa en la que instaba a la Junta a realizar modificaciones normativas para establecer la prohibición de corte en los suministros esenciales para las familias con deudas en su pago por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad económica.

Muñoz ha abogado por luchar contra la pobreza energética y contribuir a que se establezca un suministro con una "cobertura mínima a precio mínimo", para lo que ha propuesto poner en marcha mecanismos "suficientes" para asegurarlas como se ha hecho en otras comunidades y países.

En este sentido, la procuradora socialista se ha amparado en regulaciones como la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios de Castila y León, que establece el derecho a la protección de la salud y la seguridad o que las administraciones deben vigilar el cumplimiento de la normativa reguladora de bienes y servicios, especialmente en suministros de gas, electricidad o agua potable, o también se refiere a una especial protección para niños, ancianos, discapacitados, inmigrantes o personas en situación de "inferioridad o indefensión".

Bajo estas premisas, ha puesto como ejemplos varias fórmulas para evitar el corte de suministro a estas personas como el establecimiento de un fondo, el incremento de la cuantía de la Renta Garantizada de Ciudadanía o el establecimiento de un porcentaje en los presupuestos de la Junta para cubrir estos fondos, por ejemplo.

Muñoz ha advertido de que el riesgo de pobreza en la Comunidad ha aumentado en cuatro puntos, hasta el 26 por ciento, mientras que entre los menores se ha incrementado en cinco, hasta el 25 por ciento, pero además el 62 por ciento de los desempleados de Castilla y León no tienen prestación alguna y no pueden hacer frente a pagos para cubrir las "condiciones mínimas de subsistencia".

"La pobreza energética mata", ha afirmado la procuradora socialista antes de culpar a los sucesivos gobiernos del PP de la pobreza en la Comunidad en los últimos 27 años, algo de lo que ha asegurado que sí es competente la Junta, que lanza la "pelota fuera" y "mira para otro lado".

Competencia estatal

Por el contrario, la procuradora 'popular' María de las Mercedes Alzola Allende ha mantenido que en Castilla y León la situación es relativamente mejor que en el resto de España, con un pobreza energética del 7,5 por ciento de hogares frente al 10 por ciento de media o con una tasa de riesgo, pobreza y exclusión de un 21,7 por ciento frente al 28,2.

Así, ha señalado que aunque no es satisfactoria la situación, se pone de manifiesto que las medidas puestas en marcha por la Junta "mitigan" el impacto de la crisis, aunque ha aclarado que estas cuestiones que se refieren a la regulación del abastecimiento energético o de agua no son competencia de la Administración autonómica.

Alzola ha incidido en que la pobreza energética, mayor cada vez en la Unión Europea, requiere de políticas sociales y ahorro energético, y ha destacado la respuesta de la Junta con "soluciones reales a problemas reales" con la puesta en marcha de la Renta Garantizada de Ciudadanía, la red de apoyo a familias en riesgo de exclusión o el fondo de solidaridad creado para ayudar a esta población.

En definitiva, ha añadido, medidas que demuestran que en Castilla y León atiende las necesidades de los ciudadanos.

Por su parte, en el debate de la moción, el portavoz del Grupo Mixto y procurador de IU, José María González, se ha sumado a la petición del PSOE e incluso ha propuesto añadir a su texto un punto en el que se instara a la Junta a asumir las deudas contraídas en el pago de estos suministros por parte de las personas en situación de vulnerabilidad o con ingresos inferiores a los establecidos por la Renta Garantizada de Ciudadanía.

González ha señalado que de esta forma se adoptaría una medida de rápida decisión y acuerdo que sólo supondría voluntad política para su puesta en marcha y evitar así que haya personas que tengan que dejar de comer para pagar facturas y observar situaciones como las de este invierno, con "decenas" de personas en estaciones de autobuses y trenes y otros lugares donde había calefacción.