La Comisión de Aguas previa al Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana verá este miércoles el proyecto para la protección de las márgenes del río Guadalquivir elaborado por la Autoridad Portuaria de Sevilla de modo complementario, y según los condicionantes incluidos en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), al proyecto de dragado de profundización que promueve el propio Puerto sevillano.

Dicha iniciativa cuenta ya con el rechazo de los ecologistas. Así, el portavoz de Ecologistas en Acción en el Consejo de Participación de Doñana, Juan Romero, ha precisado a Europa Press la negativa "absoluta y total" del colectivo a valorar cualquier proyecto que no pase por una recuperación integral del estuario. "Vienen ahora con una idea que busca simple y exclusivamente hacer viable un proyecto económico que no beneficia en nada a Doñana", ha lamentado.

En parecidos términos se ha expresado la asociación conservacionista WWF, que ha calificado de "un nuevo error" el estudio del proyecto al considerar que en el hipotético caso de que funcionara sería únicamente una solución "parcial".

Así, en el boletín informativo de WWF, recogido por Europa Press, el colectivo ecologista ve que las administraciones competentes, Estado y Junta de Andalucía, continúan apostando respecto a la gestión del estuario por un modelo individualizado de cada actividad relacionada con el río, en vez de por un plan integral para el Guadalquivir.

Por ello, reclaman a las administraciones públicas implicadas en la gestión del cauce —estatales, autonómicas y locales— un plan coordinado, que tenga en cuenta los problemas del río en su conjunto y no como unidades aisladas, y que gestione de forma integral el estuario del Guadalquivir asegurando su buen estado y la preservación de la biodiversidad y sus valores naturales y socioeconómicos.

Según han explicado a Europa Press fuentes de la Consejería, la comisión de trabajo que este miércoles verá el proyecto emana del Consejo de Participación del Espacio de Doñana, de tal forma que este organismo emitirá un informe que luego pasa al Consejo, que asimismo dictaminará, en un proceso preceptivo pero no vinculante. Tras esta resolución, será la Dirección General de Espacios Naturales de la Junta la que se pronuncie, ya de manera definitiva.

Por lo demás, la Junta ha mostrado la oposición de la administración autonómica a que el proyecto se realice si no es cumpliendo los condicionados existentes en la DIA. Esta aseveración implica una negativa tácita a la posibilidad de que la iniciativa se acometa sin terminar con anterioridad el proyecto de modernización del regadío del arroz que promueve la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), y que pasa por que los arroceros lleven a cabo esta labor a través del Canal del Bajo Guadalquivir, lo que supondría que este sector no se viera afectado por el dragado.

Esta intervención es la elegida por la administración para salvar el control de la salinidad que se establece literalmente en la DIA. De iniciarse el dragado y no respetarse éste, sería necesario indemnizar a los arroceros en el caso de que se produjeran perjuicios para este segmento que derivaran en pérdidas de productividad.