El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha dado luz verde este martes al inicio de la tramitación del anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, norma que prevé que la administración autonómica podrá "expropiar temporalmente" el uso de terrenos privados para hacer exhumaciones en caso de que el propietario no conceda su consentimiento.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa el vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, que ha asegurado que Andalucía vive un "día histórico para la democracia" porque se sitúa "a la vanguardia" de toda España en materia de memoria democrática y como "ejemplo a seguir" para el resto de administraciones.

Tras recordar que se trata de una de las normas incluida en el acuerdo político suscrito por PSOE-A e IULV-CA al inicio de la legislatura, Valderas ha explicado que la ley prevé elaborar un "censo de víctimas de la represión" franquista en Andalucía, reconoce a Blas Infante como "represaliado" y fija cada 14 de junio como día anual para conmemorar la memoria democrática coincidiendo con la fecha de la primera exhumación realizada en la comunidad autónoma en el año 2003.

La futura norma fija un plazo de 18 meses para la eliminación de símbolos franquistas en calles y plazas y se diferencia de la ley estatal en que "no se consideran razones artísticas para el mantenimiento de elementos de exaltación de la dictadura sobre edificios singulares o históricos", estableciendo que en caso contrario "la Junta podrá efectuar la retirada subsidiaria".

También está previsto un plan andaluz de memoria democrática con carácter cuatrienal para la localización, exhumación y en su caso identificación de fosas, procedimientos que se incoarán de oficio por parte de la Junta y de los ayuntamientos a instancias de familiares o entidades memorialistas.