El Gobierno considera que la participación de delincuentes o familiares que se jactan de sus crímenes en programas de televisión es un hecho "escandaloso e inaceptable", más si estas apariciones son retribuidas.

No obstante no modificará la ley para prohibirlas, abogando por la libertad de expresión en los medios de comunicación, y en su lugar apuesta por la autorregulación de las cadenas.

Así responde el Ejecutivo en respuesta a una pregunta dirigida a la líder de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, sobre la participación de asesinos y criminales en programas de televisión.

Díez preguntaba por la aparición de este tipo de personas después de que la derogación de la Doctrina Parot haya producido la excarcelación de miembros de la banda terrorista ETA, así como de asesinos y violadores que han salido de los centros penitenciarios al no poder seguir encadenando penas de prisión.

"Ahora, los familiares de las víctimas de estos asesinos, temen que las televisiones utilicen a estas personas para aumentar la audiencia", lamenta la diputada vasca, recordando el caso del condenado por violación y asesinato de varias menores en Alcàsser Miguel Ricart, o el de Mari Luz Cortés.

A su juicio, se trata de una serie de entrevistas que atacan la dignidad de las víctimas y de sus familias, aumentando el dolor y la agonía de los familiares, al ver cómo los asesinos de sus seres queridos se convierten en fuente de atención mediática, desprotegiendo la imagen de las víctimas mediante un trato sensacionalista y con ánimo lucrativo por parte de las cadenas.

Con todo ello, el Gobierno insiste en que la participación de delincuentes o familiares que se lucran de sus crímenes, por sí misma, y agravada en el caso de ser retribuida constituye un hecho "escandaloso e inaceptable" para gran parte de la sociedad y, por ello, el Ejecutivo preferiría que de ninguna de las maneras se produjeran situaciones de este tipo.

Ahora bien, reconoce que no existe en el ordenamiento jurídico español ninguna norma que prevea esa situación, ni en las regulaciones penales, ni tampoco en la Ley de RTVE, o la Ley de Comunicación Audiovisual, se contempla ningún precepto referido a la percepción de cantidades económicas por la participación en espacios audiovisuales, tanto de personas condenadas, como de sus familiares o allegados.

"Impedir hechos de esta naturaleza sólo lo puede hacer, dentro de sus amplias funciones discrecionales, el juez en el ámbito del procedimiento penal", remarca.

Así las cosas, y para que fueran de otra forma, el Gobierno cree que habría que cambiar las leyes, aunque el problema en ese caso es que para evitar este mal se produjera "otro mayor" como es la introducción de "indeseados mecanismos de control" de los medios de comunicación, contrarios a la libertad de expresión y a la presunción de inocencia.

Por todo ello, el Gobierno señala que no tiene inconveniente en expresar su posición favorable a que los medios de comunicación concesionarios del servicio público de radiotelevisión acuerden los mecanismos de autorregulación que sean precisos para evitar acciones como las descritas.