Tanto ha bajado el precio de la vivienda libre durante la crisis que su diferencia respecto a la pública se ha reducido en dos tercios. Así lo reflejan las estadísticas del Ministerio de Fomento, en las que se observa incluso que en una comunidad –Castilla-La Mancha– el precio de la vivienda protegida supera en más de 100 euros al de la vivienda libre.

En 2007, en el conjunto del estado, el precio del metro cuadrado de la vivienda libre era de 2.085,5 euros, hasta 1.014,6 euros superior al de la vivienda protegida (VPO), a la que duplicaba así en valor. Seis años más tarde, la caída de los precios de los pisos ha reducido esta diferencia hasta los 364 euros al cierre de 2013, dos tercios menos, pese a que el módulo de vivienda protegida ha permanecido congelado en los últimos ejercicios.

En esta situación, agentes del sector residencial aseguran que la vivienda protegida carece de sentido para los compradores, que además ya no tienen ayudas públicas para facilitar el acceso y, por tanto, tampoco para el promotor, al que tampoco se subvenciona ya su construcción.

Mientras se producía este acercamiento de precios, el Gobierno incluyó en la Ley de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Vivienda, de junio de 2013, una supresión de ayudas tanto a los préstamos hipotecarios para la compra de viviendas protegidas como a la promoción de estas viviendas en propiedad.

Con anterioridad, en abril de 2013, el Gobierno había abierto la posibilidad de que los promotores pudieran descalificar viviendas protegidas sin vender, acogidas a financiación de anteriores planes estatales, para comercializarlas en alquiler y darles mejor salida.

Además, en junio de 2013, el Gobierno también incluyó en la Ley de Reforma del Alquiler la posibilidad de que las comunidades autónomas dejaran en suspenso la reserva de suelo destinada en las nuevas promociones a vivienda protegida, del 30% con carácter general, durante cuatro años, cuando existiese un porcentaje superior al 15% de viviendas protegidas en el planeamiento vigente y una evidente desproporción entre la reserva legalmente exigible y la demanda real.

En este contexto, el presidente de la patronal de promotores y constructores de España (APCE), José Manuel Galindo, se pregunta “¿qué política de vivienda hay?". En su opinión, el hecho de que no haya ayudas para la vivienda protegida hace que ésta pierda "bastante sentido" cuando los precios de la vivienda libre se aproximan a los de los pisos de protección.

Para el patrón de los promotores, la cuestión no es si se baja el módulo de VPO o no, ya que los promotores ya están ajustando costes y precios, sino reestablecer unas ayudas que hagan más fácil el acceso a la VPO y que compense comprarla frente a la vivienda libre, pese a las restricciones que acarrea.

Al respecto, el director de residencial de CB Richard Ellis, Samuel Población, cree que la VPO "tiene sentido si se baja el precio del módulo". "Es la solución porque ahora mismo la vivienda protegida, con las dificultades de acceso que tiene, excluye a muchos potenciales compradores, que se van a ir a la vivienda libre", asegura.

Por su parte, el responsable de análisis de mercado de Sociedad de Tasación, César Hernández, cree que la vivienda de protección "sigue teniendo su validez independientemente de la situación económica que atraviese el sector". Pero añade que "para dotarla de contenido real, los precios administrativos fijados para esta modalidad de acceso (el módulo) deberían ir adaptándose a las situaciones generadas en cada momento”. Hernández considera que "probablemente se observará una tendencia creciente hacia la modalidad de alquiler por encima de la de compra".

En esta misma línea, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, elaboró un informe en marzo de 2013 en el que calculaba que en España hay al menos 10.000 viviendas protegidas desocupadas en condiciones de ser habitadas de inmediato, que no encuentran comprador por la imposibilidad de encontrar financiación para ello o por la existencia de viviendas libres asequibles por el mismo precio.

Por ello, Becerril pedía favorecer las VPO en alquiler frente a la venta y determinar además una renta de alquiler más asequible.