UPyD en León ha presentado sendos escritos en el Ayuntamiento y en la Diputación Provincial para conocer si ambas instituciones van a solicitar la devolución de las cantidades abonadas por el "ya ilegal" 'céntimo sanitario'

Según ha recordado el partido en un comunicado recogido por Europa Press, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró el 27 de febrero de 2014 la ilegalidad de esta tasa, que aplican algunas comunidades, entre ellas la de Castilla y León desde marzo de 2012, al considerar que este impuesto sobre los carburantes "incumple con la normativa europea en materia de fiscalidad, y más en concreto, la directiva sobre Impuestos Especiales".

UPyD ha destacado que fue "muy beligerante" con este tema y que "ya" se opuso con anterioridad a su implementación en el 2012 en Castilla y León. Así, señaló que el llamado 'céntimo sanitario', en realidad 4,20 céntimos, "no sólo" iba a repercutir directamente en el "bolsillo" de los ciudadanos y los transportistas, sino que lo haría de forma indirecta a través de su "repercusión" en los precios y en un "empeoramiento en general" de la competitividad.

Además, UPyD advirtió de que la "desigualdad" en su aplicación, ya que había comunidades limítrofes que "no lo aplicaban", repercutiría en la disminución de la venta de combustibles en la región, "como así ha sido, y en especial de manera muy notable en ciertas zonas".

Asimismo, la formación magenta cuestionaba la calificación de "sanitario" porque "no podía tener un destino finalista", y se advirtió de su "más que posible ilegalidad", que ya se vislumbraba "claramente", según las mismas fuentes, en distintas sentencias y en el desarrollo de los procesos judiciales entonces abiertos.

Poner "en evidencia" al pp

La coordinadora de UPyD, Ana Carlota Amigo, ha explicado que el partido realiza acciones como esta donde tiene representación con el objetivo de "poner en evidencia" la "pésima" gestión del Partido Popular.

Así, ha declarado que el PP, donde gobierna, "nada hizo para oponerse a este injusto y vergonzoso impuesto que ha sido aplicado por algunas comunidades desde la mala fe, como se deduce de la lectura de la citada sentencia condenatoria".

Por otra parte, Amigo ha señalado que "no se trata" tanto de perseguir que se produzca un trasvase de una caja pública a otra, "de desvestir a un santo para vestir a otro", porque al final "todo es dinero público", sino que se trata de que el ciudadano "visualice la malintencionada e inmensa chapuza recaudatoria que se ha perpetrado"

Asimismo, la coordinadora ha mostrado su "temor" a que continúe la manipulación intencionada de la "falacia finalista", que "no" tiene en cuenta el Principio de Caja Única que rige la contabilidad en las instituciones públicas, y que desde la Comunidad Autónoma "se aproveche" la supresión del ilegal impuesto como una "falsa excusa" para recortar "aún más" los servicios prestados por la Sanidad Pública, "uno de los pilares de nuestro Estado Social y de Derecho".