La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha considerado este viernes que la Junta de Andalucía "no quiere dejar competencias ni pagar a los municipios lo que valen esas competencias" que serán replanteadas a través de la reforma de la administración local que ha sido recurrida por el Ejecutivo andaluz ante el Tribunal Constitucional (TC).

Crespo ha defendido esta reforma después de que el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, trasladara este viernes su convencimiento de que el Constitucional dará la razón a las comunidades que han recurrido la reforma, por lo que ha exigido al Gobierno que preside Mariano Rajoy que imponga una moratoria para evitar un "daño enorme a los intereses del municipalismo".

No obstante, la representante del Gobierno en Andalucía ha ensalzado los objetivos de esta ley, que, en su borrador definitivo, contempla el principio de "una competencia a una administración" y "no se comparten competencias". En este sentido, ha rechazado las críticas de la Junta y ha abogado por la reforma, en la que las administraciones autonómicas tendrán que dar financiación a los ayuntamientos y diputaciones a los que otorgue una determinada competencia.