Archivado el caso de la denuncia contra la exalcaldesa socialista de Albaida Soledad Cabezón

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), finalmente y según el PSOE, ha archivado la causa incoada contra la que fuera alcaldesa de Albaida del Aljarafe y actual diputada nacional Soledad Cabezón (PSOE), y la actual secretaria interventora del Ayuntamiento de tal municipio, por la supuesta denegación de una licencia de segregación de suelos pese a que, en el pasado, el Consistorio habría autorizado licencias en iguales circunstancias. En estas diligencias figuraba como imputada únicamente la secretaria interventora, pues el juzgado no llegó a resolver sobre la imputación o no de la exalcaldesa.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), finalmente y según el PSOE, ha archivado la causa incoada contra la que fuera alcaldesa de Albaida del Aljarafe y actual diputada nacional Soledad Cabezón (PSOE), y la actual secretaria interventora del Ayuntamiento de tal municipio, por la supuesta denegación de una licencia de segregación de suelos pese a que, en el pasado, el Consistorio habría autorizado licencias en iguales circunstancias. En estas diligencias figuraba como imputada únicamente la secretaria interventora, pues el juzgado no llegó a resolver sobre la imputación o no de la exalcaldesa.

Las diligencias en cuestión, según un auto emitido el 6 de octubre de 2011 y recogido por Europa Press, obedecen a la denuncia promovida contra la exalcaldesa Soledad Cabezón por el exconcejal Clemente Franco, dada la resolución supuestamente emitida el 7 de marzo de 2011 por el Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe denegándole, siempre supuestamente, una licencia de segregación sobre unos terrenos de este municipio. Según la denuncia, en 2004 el Consistorio había otorgado presuntamente cinco licencias de similar naturaleza en favor de la compañía 'Sevilla y Navarro Promociones S.L.' e incluso en 2003, hizo lo propio a favor "de otras personas físicas".

A cuenta de tales hechos, el denunciante atribuía a la exalcaldesa al menos un delito de prevaricación. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Sanlúcar la Mayor, de cualquier modo, imputó a la secretaria interventora del Ayuntamiento, María Trinidad M.T., al haber elaborado "el informe sobre el que se cimentó" la supuesta resolución denegatoria de la licencia reclamada por el denunciante.

En cuanto a Soledad Cabezón, diputada socialista, esta instancia judicial pidió a la Fiscalía que informase "de qué órgano resulta competente para la instrucción de la causa contra la señora Cabezón", supeditando a un informe de la Dirección General de Inspección de Ordenación del Territorio "el sobreseimiento de la causa o la imputación" de la exalcaldesa y de otras dos personas más afectadas por la denuncia inicial.

Finalmente, y según informa el PSOE en un comunicado, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Sanlúcar ha ordenado el "sobreseimiento libre" de las actuaciones en el caso de la secretaria interventora del Ayuntamiento, resolviendo además que no median "indicios de criminalidad en la conducta de la exalcaldesa y diputada nacional socialista Soledad Cabezón".

"Las razones expuestas por la señora Méndez Trigo al expedir el certificado en el ejercicio de sus funciones se estiman lógicas y ajustadas a la legislación. No se han detectado retardos maliciosos ni oposición de obstáculos injustificados a las pretensiones del denunciante", expone el auto, según el PSOE, a la hora de archivar definitivamente las actuaciones incoadas contra la secretaria interventora.

En cuanto a la exalcaldesa, el auto señala, según cita textualmente el PSOE, que "la ausencia de dolo resulta incluso evidenciada por el intento de reconducción de la situación creada que se produce en marzo de 2007, cuando se contrató un bufete de abogados especializados para corregir el caos resultante", con lo que todo se reduce a que "el Ayuntamiento no ha sido consciente del procedimiento adecuado para el desarrollo" urbanístico. Cabezón ha anunciado, por cierto, que estudia posibles acciones legales contra el denunciante y critica que el PP haya obrado en "connivencia" con él y sus "torticeras e inciertas denuncias".

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