Los nueve concejales del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid han solicitado a la Secretaría General un informe de legalidad que aclare las repercusiones jurídicas que podría tener para el Consistorio la aprobación, por parte de la Junta de Gobierno Local, de una operación de crédito por importe de 72,6 millones de euros suscrita en 2010, y que según el PSOE debería haber aprobado el pleno por mayoría absoluta.

En un comunicado remitido a Europa Press, el PSOE basa su consulta en el contenido del informe sobre el estado de endeudamiento de las capitales de provincia del Consejo de Cuentas de Castilla y León referente a los ejercicios 2010 y 2011.

Éste órgano advierte en dicho informe que el Ayuntamiento de Valladolid "incumplió la ley" al aprobar la operación de crédito sobre la que el PSOE pide el informe, pues su importe excede "con mucho" el 10 por ciento de los recursos del presupuesto que establece la norma, y sería por tanto competencia exclusiva del Pleno, que no puede delegarla en la Junta de Gobierno.

El Consejo de Cuentas no especifica las consecuencias jurídicas de esta actuación municipal, motivo por el que el Grupo Municipal Socialista reclama a la Secretaría municipal una aclaración y concreción de posibles responsabilidades.

La operación de crédito por valor de 72,6 millones de euros es la última suscrita por el Ayuntamiento, "ya en plena crisis', según ha recordado el PSOE, pues el equipo de gobierno "la cerró justo antes de que el Gobierno de España prohibiera acudir a los ayuntamientos a esta vía de financiación".

Su firma, según el PSOE, supuso que Valladolid se colocara como la octava ciudad con más deuda viva de España, debiendo a los bancos más de 222 millones de euros.

El concejal socialista Pedro Herrero recuerda que en 2010 el Ayuntamiento de Valladolid contrajo el 51 por ciento de toda la deuda de las capitales de provincia de Castilla y León.