El titular del Juzgado de Instrucción número cuatro de Sevilla ha decidido acordar el sobreseimiento de las diligencias abiertas contra el exdirector gerente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) Pedro Gracia Vitoria, que había sido denunciado por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) por un presunto delito de prevaricación.

Según el auto, consultado por Europa Press, y contra el que cabe recurso de reforma y subsidiariamente recurso de apelación, el archivo se ha acordado "al no ser los hechos constitutivos de infracción penal".

El SAF había presentado una denuncia penal por la "subrogación" del personal "externo" de la extinta Fundación Fondo de Formación y Empleo (Faffe), que había sido integrado en el SAE "y se encontraba asumiendo funciones que conllevaban el ejercicio de potestades públicas", indica el sindicato en su denuncia.

En el auto, el juez considera que "no sería suficiente una resolución administrativa no adecuada a derecho para que existiera un delito de prevaricación, pues únicamente cabría reputar injusta una resolución administrativa cuando la ilegalidad sea 'evidente, patente, flagrante y clamorosa'". En ese sentido, el juez considera que "ninguno de tales presupuestos está presente en la conducta que se imputa en la querella inicial". Así, el juez indica que "en modo alguno se ha podido constatar que haya sido dictada resolución patente, flagrante y clamorosamente ilegal".

En el auto además se indica que el SAF "no reúne los requisitos necesarios para actuar en el proceso como acusador particular, por lo que la resolución que se tilda de prevaricadora no puede implicar lesión alguna para este sindicato".

En mayo de 2013 el entonces director general de Calidad de los Servicios y Programas para el Empleo de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Pedro Gracia Vitoria, presento su dimisión del cargo "por motivos estrictamente personales".

Gracia Vitoria, que ocupaba esta responsabilidad desde junio de 2012, fue previamente director gerente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y había sido imputado ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla en relación a las diligencias abiertas tras una querella del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) relativa a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre la reordenación del sector público, en concreto sobre el protocolo de integración del personal del SAE.