El pleno de las Corts Valencianes ha rechazado este miércoles, con los únicos votos en contra del PP, una proposición no de ley presentada por Compromís en la que pedía la retirada del decreto de la Conselleria de Bienestar Social que regula el copago en el sistema para la autonomía y atención a la dependencia en la Comunitat. La diputada 'popular' María José García ha señalado que este copago viene establecido por la Ley de Dependencia "de un gobierno progresista y socialista".

Compromís solicitaba en su propuesta la derogación del decreto de Bienestar Social y el pago "puntual" de las prestaciones a las personas dependientes, incluidos los intereses por el retraso, y la agilización de las valoración. También reclamaba "el regreso a una aplicación más justa y realista" de la aplicación de la Ley de Dependencia.

La coalición ha aceptado una enmienda presentada por EUPV en la que pedía que las Corts expresaran su rechazo a los recortes del Gobierno central en dependencia, así como que se creara una mesa negociadora con el sector de la discapacidad para "resolver el futuro del sector".

La portavoz adjunta del grupo parlamentario Compromís, Mònica Oltra, ha tildado de "repago vergonzoso" el copago en dependencia y ha acusado a los diputados del PP de "mentir" a los dependientes". Por su parte, la diputada del PP María José García ha respondido: "Yo no miento, yo miro a los colectivos a la cara". Asimismo, ha negado que exista "repago" y ha indicado que "hay un copago que viene por la Ley de Dependencia de un gobierno progresista y socialista".

Estudios de opinión

Por otro lado, los votos en contra del grupo 'popular' han rechazado una proposición no de ley de EUPV que solicitaba que la Generalitat publicara en su página web los estudios trimestrales de opinión pública de los que dispone, así como entregarlos a los diputados que los han solicitado.

EUPV ha aceptado la enmienda de adición planteada por Compromís en la que pedía a reprobar al vicepresidente y conseller de Presidencia, José Císcar, por no entregar la información solicitada, y a instar al Consell a retirar el recurso interpuesto en el Tribunal Supremo ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que obliga a la Generalitat a hacer públicas las encuestas solicitadas.

El portavoz adjunto de EUPV, Ignacio Blanco, ha denunciado que el Consell "se gasta 240.000 euros, desde marzo de 2013 hasta marzo de 2015, para saber la opinión de los valencianos sobre preguntas tan 'inocentes' como si un gobierno tripartito será independentistas, radical o catalanista". Asimismo, ha indicado que las contrataciones del Gobierno valenciano con empresas demoscópicas para hacer estos estudios de opinión suman "1,5 millones de euros" desde 2004.

Por parte del PP, el parlamentario Eduardo Ovejero ha indicado que los estudios de opinión que realizan en la Comunitat son "muy específicos y limitados" y ha asegurado que en el Portal de Transparencia del Consell "se publicarán todos los datos" de estos estudios.