Junta anuncia que renovará la actividad concertada con los centros de Pascual con una reducción del 5%

La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha anunciado que la Junta renovará, "de forma unilateral y el por interés público", la actividad concertada con los centros de la empresa Pascual con una reducción del cinco por ciento.

La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha anunciado que la Junta renovará, "de forma unilateral y el por interés público", la actividad concertada con los centros de la empresa Pascual con una reducción del cinco por ciento.

En declaraciones a los periodistas antes de reunirse con profesionales de las Unidades de Gestión Clínica de los hospitales Puerta del Mar y de Puerto Real, la consejera ha precisado que la renovación tendrá un año de vigencia.

Asimismo, ha señalado que la bajada que se ha establecido para este concierto "es menor que las que ha tenido tanto el Servicio Andaluz de Salud (SAS), como las empresas públicas y el resto de conciertos" y que la renovación "podría haber sido por 21 meses si se hubiera llegado a un acuerdo con la empresa".

Sánchez Rubio ha explicado que han sido hasta ocho las reuniones que se han mantenido con los responsables de la empresa José Manuel Pascual Pascual, encuentros en los que no se ha conseguido llegar a un acuerdo entre las partes, ya que la propuesta que planteaba la empresa era "reducir hasta un 17 por ciento el precio del contrato siempre que se le cediesen centros sanitarios públicos para ser gestionados desde el ámbito de lo privado".

La consejera ha afirmado que propuestas como esta demuestran que la falta de acuerdo no se debía a "desequilibrio económico de la empresa" y ha recordado que la Consejería "ha sido franca en todo momento, tanto en los mensajes públicos como en los trasladados en la mesa de negociación".

Sánchez Rubio ha enfatizado que "los principales objetivos del Gobierno andaluz son garantizar la asistencia sanitaria a la ciudadanía y no poner en riesgo el empleo" y ha asegurado que "en ningún momento la negociación ha puesto en riesgo los puestos de trabajo".

Así, Sánchez Rubio ha recordado que desde la administración pública se ha manifestado que "el concierto no estaba en peligro" y la necesidad de que la empresa Pascual tenía que hacer un esfuerzo presupuestario, como ya ha hecho la propia administración y el resto de los conciertos existentes.

La propuesta que la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha puesto sobre la mesa pasaba por realizar una prórroga de mutuo acuerdo para los próximos 21 meses con una bajada del cinco por ciento. Finalmente, la renovación se realizará, de forma unilateral y por el interés público, por 12 meses con una bajada del cinco por ciento, ya que "la oferta que planteaba la empresa es inadmisible por parte del Gobierno de Andalucía que, en ningún momento, se ha planteado la privatización".

Los hospitales de esta empresa se ubican en las provincias de Cádiz, Huelva y Málaga, con los que la sanidad pública andaluza tiene concertada la realización de determinados servicios de forma puntual y complementaria. Según ha resaltado la consejera, el sistema sanitario público de Andalucía se caracteriza por ser "un modelo público que funciona con recursos propios en el 96,4 por ciento de su actividad", que cuenta con 47 hospitales públicos y más de 1.500 centros de atención primaria.

Por otro lado, la consejera ha criticado que se haya llegado a "utilizar la preocupación de la gente por su puesto de trabajo para negociar", tildando también de "deslealtad institucional" las declaraciones del subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, sobre este conflicto urgiendo a la Junta a resolver el problema y mostrando su "comprensión" con la ciudadanía que "se moviliza y reivindica en la calle esta situación". Reprocha al dirigente 'popular' que no se haya informado previamente sobre el estado de la situación consultando a la Administración andaluza.

Sánchez Rubio ha incidido en que "no hay razón que justifique la alarma" de los usuarios de servicios sanitarios, ya que en último extremo la Junta de Andalucía garantizaría su prestación, porque "tiene los mecanismos para hacerlo y, además, está obligada a ello", expresando, por último, su deseo de que la polémica abierta con Pascual se pueda "resolver definitivamente".

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