El Comité de Empresa del Puerto de Valencia ya denunció ante Inspección de Trabajo el contrato de servicios de vigilancia que suscribió la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) con una empresa de seguridad y que ha sido cuestionado por la Intervención General del Estado (IGAE) en el informe que ha remitido recientemente al juzgado de Instrucción número 14 de Valencia, que mantiene abierta una causa por presuntos delitos de malversación y prevaricación en la que están denunciados el presidente del Puerto, Rafael Aznar, otros dos altos cargos y un trabajador de la entidad, según consta en un comunicado remitido a Europa Press.

Sobre este contrato, bajo el epígrafe 'Preparación y acondicionamiento de instalaciones industriales de la obra de adecuación de las parcelas Bunge Moyresa para nuevas concesiones', y adjudicado por 22.700 euros, la IGAE alertó de un par de "deficiencias". Entre ellas, matizaba que el servicio de seguridad sobre terrenos de dominio público portuario debía ser prestado por el Cuerpo de Policía del Puerto.

El Comité de Empresa ha informado que "efectivamente" el Cuerpo de Policía Portuaria es el "único" que puede desempeñar potestades públicas en el recinto portuario, ya que ostenta las condiciones de agentes de la autoridad en referencia a las labores de vigilancia y control del dominio público portuario "sin menoscabo de las atribuciones que le son propias a la Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía, y siempre desde la colaboración mutua".

De este modo queda recogido en la vigente Ley de Puertos y Seguridad Ciudadana, "y no ha sido puesto en cuestión por ningún tribunal ni en relación al Puerto de Valencia, ni en el resto del Sistema Portuario Estatal (28 puertos y más de 2.000 Policías Portuarios)", ha señalado.

Así, el Comité entiende que "queda claro" que los servicios de vigilancia privada "no pueden desempeñar estas funciones, desempeñan otras, quedando restringidas al ámbito privado, espacios concesionados".

La Autoridad Portuaria "interpretó la contratación como inversión y la vinculó al futuro contratista de la demolición de las instalaciones de Bunge", ha comentado, pero este Comité no lo interpretó así y presentó la correspondiente denuncia a la Inspección de Trabajo el pasado mes de agosto de 2013, porque tampoco se le informó, y "el futuro contratista no existía en el momento de la contratación del servicio de vigilancia".

Con ello, el Comité estima que las alegaciones realizadas por la APV al respecto —que fueron avanzadas por Europa Press— son una "concatenación de despropósitos". El Puerto indicó al juez que no era cierto que estos servicios deban ser prestados por esta autoridad, y puso el ejemplo de que se realizaban multitud de contrataciones en vigilancia y seguridad de las obras a servicios privados donde no intervenía la Policía Portuaria.

Solo para "intrusiones"

A juicio del Comité, la vigilancia privada contratada "sólo actuó para dar aviso de las intrusiones". "La que siempre acudió, identificó y en su caso procedió a la detención fueron los agentes del Servicio de Policía Portuaria, habida cuenta de las más de 500 inspecciones realizadas, 50 actuaciones por intrusismo, varios enfrentamientos con grupos de intrusos y las correspondientes detenciones". Así pues, añade: "doble torpeza de la APV, primero en plantear la contratación, y luego en esgrimir argumentos absurdos para con otra torpeza intentar paliar la primera".

Este Comité de Empresa ha valorado las alegaciones del Puerto "como un insulto al colectivo de trabajadores pertenecientes al Cuerpo de la Policía Portuaria" y "no dudará en llevar a cabo cuantas actuaciones tengan lugar en defensa del mismo, por la profesionalidad de los componentes de este cuerpo y sobre todo por la labor que desempeñan en los puertos", ha advertido.

Por último, desde el Comité han trasladado a la ciudadanía que se han dejado el 30 por ciento del salario "por el camino de esta crisis", que presta un servicio "esencial" para la comunidad, "que no es otro que facilitar la capacidad exportadora de tantas empresas valencianas, que hacemos más con menos personal —no hay oferta de empleo público desde el año 2011— y que, sin dejar de reivindicar nuestros derechos, vamos a seguir desempeñando nuestro trabajo con la misma o más profesionalidad, si cabe, tan solo por una razón: somos empleados públicos", ha dicho.