El secretario del Juzgado de Paz de la localidad cordobesa de Castro del Río acusado de la supuesta comisión de un delito continuado de malversación de caudales públicos e infidelidad en la custodia de documentos ha aceptado una pena de cuatro años de prisión, tras supuestamente apropiarse de más de 82.500 euros de multas, indemnizaciones o fianzas, entre otras cantidades, de unos 80 afectados, entre los años 2008 y 2010.

En concreto, fuentes del Ministerio Público han informado a Europa Press de que se ha llegado a un acuerdo en una vista previa, sin tener que llegar a celebrar un juicio que hubiera sido con Tribunal del Jurado, y por el que el procesado además de los años de prisión ha aceptado las penas de inhabilitación absoluta como funcionario público por diez años, inhabilitación especial para empleo o cargo público durante seis años y una multa de unos 1.800 euros.

En este sentido, según recoge la calificación de la Fiscalía, el acusado, "actuando con ánimo de obtener un ilícito enriquecimiento tras recibir de numerosas personas el dinero que les fue requerido mediante exhortos de otros juzgados", supuestamente incorporó a su patrimonio el dinero recibido "no ingresándolo en las cuentas de consignaciones y depósitos de los juzgados exhortantes".

Al respecto, el escrito detalla que "ocultó" que las personas solicitadas habían comparecido en la sede del Juzgado de Paz de Castro del Río y "habían abonado las cantidades requeridas", para lo cual "una vez que recibía el dinero de los particulares hacía desaparecer del juzgado los correspondientes exhortos y requerimientos remitidos por los juzgados exhortantes o los escondía para que no pudieran ser encontrados por el resto de funcionarios".

El procesado, como secretario del Juzgado de Paz, tenía como cometido cumplimentar los exhortos que en ese juzgado eran recibidos de diferentes juzgados de la capital y provincia, y especialmente aquellos que implicaban que ciudadanos de Castro del Río eran requeridos para abonar determinadas cantidades, ya lo fueran en concepto de multas y/o indemnizaciones y fianzas a las que habían sido condenados o cantidades reclamadas judicialmente.

En prisión y otros casos

Cabe destacar que el secretario estuvo en prisión varios meses en 2012, si bien quedó en libertad tras abonar una fianza de 6.000 euros, todo ello dentro de la fase inicial de este causa llevada por el Juzgado de Instrucción número 5 de Córdoba. La investigación arrancó a finales de agosto de 2010 y se inició después de que varios órganos de la capital constataran el funcionamiento anómalo del Juzgado de Paz del municipio de la comarca del Guadajoz. Los funcionarios empezaron a detectar la dilación en el pago de multas o indemnizaciones por parte de vecinos de Castro del Río condenados por sentencia.

Puestos en contacto con los procesados, argumentaban que habían depositado el dinero en el Juzgado de Paz y que disponían del extracto bancario que el propio secretario les había entregado. Cuando los funcionarios lo interrogaban sobre el asunto alegaba habitualmente un problema en el correo entre Castro del Río y la capital.

El acusado ya se sentó hace unos años en el banquillo por no tramitar una serie de causas en el Juzgado de Instrucción en el que prestaba servicio, pero el juez de lo Penal lo absolvió después de que la Fiscalía retirara la acusación. Aunque la sentencia consideró probado que la acción del secretario ocasionó la prescripción de 24 causas y la paralización de varias decenas, si bien, según la resolución, "no resultó debidamente acreditada finalidad espuria o torticera".

El hombre es funcionario de carrera del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa en situación de servicio activo con destino en el Juzgado de Paz de Castro del Río como titular del referido puesto desde el 20 de agosto de 2006 hasta la fecha por concurso de traslado.