El sindicato UGT de Asturias se ha referido este martes a los datos del paro en el Principado conocidos este martes y ha atribuido la caída del número de desempleados al descenso de activos y no a un proceso de creación de empleo.

En Asturias, el paro registrado registra un descenso interanual de 3.878 personas. "Sin embargo, esta caída no se traduce en un repunte en la Seguridad Social donde el número de afiliados desciende en 3.621", explican desde UGT a través de una nota de prensa.

A ello se une, ha añadido, el avance en la temporalidad y la precariedad auspiciado por la reforma laboral "impuesta por el Gobierno de España, de forma que de cada diez contratos, tan sólo uno es de carácter indefinido".

La organización señala que Asturias ha arrojado un comportamiento contrario a la media nacional, donde el paro registrado desciende acompañado de un avance de la afiliación y en la contratación indefinida.

"Ello se debe al comportamiento del sector industrial asturiano y sus efectos directos sobre la economía y el empleo regional que hace urgente la apuesta en marcha de un Plan Industrial en la región, tal y como viene recogido en los acuerdos de Concertación Regional, así como un compromiso territorial con el empleo por parte de las empresas ubicadas en Asturias, especialmente las multinacionales, para que no hagan uso y abuso de una reforma laboral que incluso con beneficios en sus cuentas de resultados les permite efectuar despidos", han indicado.

La preocupación por el sector industrial se acrecienta para UGT al tener en cuenta la "negativa repercusión" del coste energético en la industria asturiana, que "amenaza" a la competitividad y el empleo y puede promover la deslocalización.

UGT ha querido hacer una "llamada a la responsabilidad y compromiso" a las empresas asturianas, especialmente las multinacionales, para que frenen en "incesante goteo de destrucción de empleo".

Finalmente, han dicho que ante el actual escenario de prórroga presupuestaria se hacen necesarios la búsqueda de consenso y acuerdos parlamentarios y sociales para poner en marcha créditos extraordinarios que impulsen la inversión productiva, el empleo y las políticas sociales.